Colombia hace historia mientras otros aplican más restricciones / María Gabriela Trompetero
La Silla Vacía.- El 8 de febrero, venezolanos en Colombia y miembros de la sociedad civil que han venido luchando constantemente por la regularización de los migrantes venezolanos -desde una perspectiva de Derechos Humanos-, pudieron sonreír al conocer el lanzamiento del Estatuto Temporal de Protección (ETP), que regularizará el estatus migratorio de casi dos millones de personas en el largo plazo.
Esta estrategia del gobierno colombiano combatirá los principales retos del fenómeno de la movilidad humana venezolana en Colombia. Primero, el ETP le permitirá a más de un 55 por ciento de los venezolanos que están en condición de irregularidad ingresar al mercado laboral, entre otros grandes beneficios. Segundo, el estatuto mejorará las limitantes del Permiso Especial de Permanencia.
Aún es muy pronto para saber cómo avanzará esta medida y en las próximas semanas tanto tomadores de decisiones como miembros de la sociedad civil podrán discutir el borrador del decreto para elevar las recomendaciones que se consideren necesarias. Sin embargo, el mecanismo debe ser aplaudido en líneas generales desde una perspectiva de Derechos Humanos, porque les ofrece protección a casi dos millones personas que han huido de un Estado incapaz de ofrecerle a sus ciudadanos el acceso a los servicios básicos de supervivencia.
Después del anuncio, la Acnur felicitó la medida y consideró que se trata del mayor logro histórico en la región en materia migratoria y de defensa de los Derechos Humanos, después de la aprobación de la Declaración de Cartagena en 1984 que amplía la definición de refugiado.
Colombia no está sola y otros países también han mostrado su cara más solidaria. Por ejemplo, desde el 2019 Brasil reconoce a los venezolanos como refugiados por prima facie. Por su parte, países como Argentina, Uruguay y también Brasil han “extendido de forma unilateral sus acuerdos de libre movilidad regional, tales como el Acuerdo de Residencia Mercosur”, como lo explican Acosta y Madrid. No obstante, esta no es la realidad en toda la región.
El pasado 26 de enero el gobierno de Perú, en una acción conjunta con el gobierno ecuatoriano, realizó un despliegue militar en su frontera con Ecuador y envió un gran número de tanques como si de una amenaza de guerra se tratara. Al ver estos tanques que fueron enviados para “proteger” las fronteras en el contexto de la pandemia, mi mente solo asociaba aquellas imágenes con el inicio de una guerra, cuando en realidad se trataba de una acción para impedir la entrada de una población, mayormente venezolana, que busca protección internacional pues el estado venezolano no es capaz de cubrir sus necesidades básicas.
El 10 de febrero, el gobierno chileno deportó a 138 migrantes, en su mayoría venezolanos, principalmente por no haber regularizado su estancia en Chile. El único delito de muchos fue buscar la oportunidad de tener una vida digna en el país del Cono Sur y en algunos casos reencontrarse con sus seres queridos. Además, Chile militarizó ese punto de la frontera con Bolivia.
Ambas medidas responden a lo que en los estudios migratorios se denomina 2securitización», es decir, la creciente presentación pública de la migración “como un peligro para el orden público, la identidad cultural y la estabilidad del mercado doméstico y laboral”, según Huysmans. Este fenómeno ya ha sido bastante estudiado en el contexto del Norte Global y parece ser una tendencia en ascenso en la región suramericana.
Por su parte, Ecuador elimina de su Ley de Movilidad Humana la visa Unasur, instrumento que le permitió a miles de venezolanos regularizar su estancia en el país de forma más económica y con menos requisitos. Además, en la nueva reforma que aún no se ha aprobado, las deportaciones se realizarán sin audiencia, situación que encendió las alarmas de los defensores de Derechos Humanos.
Esta dirección no es nueva y ya desde el 2018 en Chile y 2019 en Perú y Ecuador, las medidas han sido cada vez más restrictivas con la exigencia de visas a los venezolanos para poder entran a estos territorios.
Ver estrategias dirigidas a la «securitización» y criminalización de la migración en la región es preocupante por muchos motivos. Si bien el fenómeno de la movilidad humana venezolana ha sido causado por la inoperancia del régimen venezolano, incapaz de garantizar las condiciones mínimas para que los venezolanos tengan una vida digna, brindarles mecanismos de protección a estas personas no es solo responsabilidad de la Acnur o unos pocos países en la región, debe ser una tarea regional. En efecto, parte del éxito de medidas como la colombiana dependerá en gran medida de que la región trabaje de manera conjunta como lo recomienda el objetivo número 23 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular “Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular.”
Si bien Chile no es firmante del pacto, y para los firmantes este no es vinculante, el pacto afirma que “es crucial adoptar un enfoque amplio e integrado para facilitar la migración segura, ordenada y regular, y reconociendo que todos somos países de origen, tránsito y destino”. Si Chile cierra sus puertas, como lo está haciendo, genera automáticamente más presiones en el vecino, en este caso Perú. Cuando Perú cierra o aumenta las medidas de seguridad en la frontera esta presión recae entonces en Ecuador, y así sucesivamente, dejando toda la carga en un par de países que no tienen la capacidad de lidiar solos con la magnitud de este fenómeno que ya está cerca de convertirse en el flujo migratorio forzado más grande del mundo.
Además, en el caso peruano enviar tanques a la frontera para prevenir la entrada de seres humanos envía un claro mensaje a sus ciudadanos de que el Perú está frente a una amenaza. Esto puede verse como un tipo de violencia simbólica que solo aumentará los brotes de xenofobia y aporofobia contra los venezolanos.
En el caso chileno, resolver la situación con la deportación de estas personas a sabiendas de la complejidad de optar por una Visa de Responsabilidad Democrática (suspendida desde noviembre de 2020) es totalmente injusta. Además, la medida se realizó sin el debido proceso como lo indican familiares de los deportados.
Todo esto sin mencionar el caso de Trinidad y Tobago que en los últimos meses se ha caracterizado por encarcelar y deportar (incluso en barcas irregulares) a los venezolanos que escapan de un estado prácticamente fallido. Desde 2019 se han registrado 114 desaparecidos y en diciembre del 2020 fallecieron 32 personas en naufragios en este corredor migratorio del Caribe.
Muchos de los líderes de estos países solo se limitan a denunciar la dictadura de Nicolás Maduro discursivamente, pero parece que olvidan que eso no basta en un contexto en el que lamentablemente la crisis venezolana no parece tener un fin cercano.
Lo ideal sería que la medida tomada por el gobierno colombiano tenga eco en la región y cada vez más países sigan este tipo de estrategias que buscan proteger a millones de venezolanos que huyen de una crisis jamás vista en la Venezuela contemporánea. Estas medidas no solo servirían para el caso venezolano, si se crean estos precedentes, en el futuro, cuando otro pueblo enfrente un fenómeno de estas magnitudes, bien sea por crisis políticas, económicas y sociales, incluso medioambientales, ya existirán las bases legales e institucionales, así como la experiencia en gestión migratoria para abordar este tipo de fenómenos desde una perspectiva de Derechos Humanos y protección.
El economista alemán Albert Hirschmann planteó en los años 70 el concepto de “voz” o “salida”, haciendo referencia a las posibles decisiones que los grupos sociales toman al no estar de acuerdo con la administración. En el caso de crisis políticas, económicas y sociales “salida” sería emigrar y “voz” salir a las calles a protestar. Para el venezolano la “salida” se ha vuelto la principal opción. Alzar su «voz” en contra del régimen dictatorial ya no es la mejor opción pues aquellos que se oponen a la dictadura han sido amenazados, perseguidos, encarcelados indebidamente, torturados e incluso asesinados como se destaca en el informe de la ONU del 2020.
Los venezolanos van a seguir saliendo, así los deporten, les pongan un tanque en la frontera o los devuelvan en una balsa. Cuando hay desesperación por no poder comer o tratar una enfermedad grave el ser humano siempre buscará sobrevivir.
Dejarle la responsabilidad de esta crisis humanitaria sin precedentes a un par de países sería un error histórico que no solo desfavorecerá a los migrantes y refugiados venezolanos, sino también a los ciudadanos en la región que seguirán enfrentando los retos de la migración irregular y las fechorías de aquellos que se aprovechan de las personas más vulnerables. Por el contrario, brindarle mecanismos de regularización a esta población que permitan su posterior integración representará una ganancia económica y social para los países de acogida en el mediano y largo plazo como ya se ha evidenciado en distintos estudios.
Por último, la cooperación no debe estar enmarcada solamente en brindarle protección a estas personas sino también en seguir ejerciendo presión y las acciones necesarias para que la causa de esta crisis llegue a su fin y en Venezuela se produzca un cambio democrático en la dirección política.
