Al menos 13 millones de personas viven procesos migratorios en Colombia / María Clara Robayo / El Espectador
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Colombia, que fue, como el resto de América, el resultado de uno de los más grandes procesos migratorios de la historia resolvió encerrarse durante décadas y se apartó, salvo contadas excepciones, de la dinámica de las migraciones del siglo XX. Ahora se ha visto forzada a ocuparse de urgencia de este tema, que no solamente reviste hoy creciente importancia y transforma nuestra geografía humana, sino que exige la adopción de políticas que incidirán de manera definitiva en el diseño de nuestra nación y del mundo futuro.
Las más recientes cifras de movilidad humana en Colombia muestran que al menos 13,1 millones de personas experimentan actualmente procesos migratorios en el país. Este número es un aproximado de la sumatoria de las cifras de desplazamiento interno, de la salida de colombianos hacia el exterior y de la llegada de migración internacional, especialmente procedente de Venezuela, a territorio colombiano.
En este caleidoscópico panorama de movilidad humana, se destaca el desplazamiento voluntario o forzado dentro del territorio nacional que día a día reconfigura a las ciudades como grandes receptoras y pone de manifiesto la tragedia humana de nuestro conflicto. Entre 1985 y 2020, el Registro Único de Víctimas (RUV), alcanzó un acumulado histórico de 8,1 millones de desplazados internos inscritos, de los cuales para 2021, según el Observatorio Global de Desplazamiento Interno 5,2 millones de personas continúan en dicha situación.
El desplazamiento forzado producto del conflicto interno es un flagelo de larga tradición en Colombia que sigue teniendo una gran vigencia y afectando a un gran número de comunidades. Así lo ha señalado la Defensoría del Pueblo con el desplazamiento de 20.316 familias que fueron víctimas de 140 desplazamientos forzados masivos durante 2022.
Luego de más de siete décadas los colombianos siguen emigrando a destinos internacionales de manera continua y creciente. Así lo señala el reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, que a partir de las cifras de 2022 de Migración Colombia, advierte que durante el año pasado más de 547.000 colombianos salieron del país, aproximadamente el doble de quienes lo hicieron en 2021. Se trata de una migración joven que principalmente se ubica entre los 18 y 39 años, lo que le representa a la nación una importante pérdida de capital humano.
Inversamente y desde la perspectiva de la inmigración, el más reciente reporte entregado por Migración Colombia muestra que para octubre de 2022, los venezolanos con vocación de permanencia en Colombia alcanzaron la cifra de 2.894.593 personas, un 64 % más de lo que ya representaban en agosto de 2021, este es un incremento superior al que se dio entre 2018 y 2019, los años más agudos de la crisis humanitaria en Venezuela.
Al ponderar los datos del informe de Migración Colombia con la proyección del DANE sobre la población total a 2022, encontramos que los migrantes venezolanos con vocación de permanencia representan a nivel nacional al menos el 6 % del total de la población colombiana, y a nivel municipal el 7,8 % de la población en Bogotá, el 9,1 % de Medellín, el 27,5 % de Cúcuta, el 11,4 % de Barranquilla y el 5,2 % de Cali.
A este complejo panorama migratorio, se suma el crecimiento de la población en condición irregular que transita por el territorio colombiano y cruza la región del Darién en dirección hacia Estados Unidos y Canadá. Este flujo mostró durante 2022 una tendencia creciente en comparación con los años anteriores, con más de 150 mil movimientos de personas provenientes de más de 45 nacionalidades. En lo corrido de 2023 han transitado alrededor de 31 mil personas principalmente de origen haitiano (41 %), ecuatoriano (21 %) y venezolanos (11 %).
Por lo tanto, ante este dinámico escenario de movilidad humana, Colombia tiene la obligación histórica de concebir y poner en práctica una política de migración interna e internacional que se incluya dentro de los grandes desafíos de la nación. Además de contribuir a la paz y al desarrollo, esa política debe servir a la ocupación del territorio y a la obtención de un adecuado balance entre las regiones del país. Dos metas históricas que en casi dos siglos no hemos acabado de cumplir.
* Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
