La importancia de proteger a los colombianos retornados de Venezuela / María Clara Robayo / El Espectador
El Espectador.-
En el marco de la diáspora venezolana, en los últimos años han regresado a Colombia aproximadamente 980.000 ciudadanos colombianos, así lo afirma la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Naciones Unidas. A septiembre de 2020, según la Registraduría Nacional son 568.823 los nuevos ciudadanos binacionales con cédula colombiana, entre los cuales, 379.334 están habilitados para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Teniendo en cuenta que para el 2018 los consulados colombianos en Venezuela tenían en sus registros a más de 3.400.000 colombianos inscritos, es muy posible que las cifras anteriormente mencionadas sean subregistros y tiendan al aumento.
Esta contracorriente migratoria de retornados es producto de la aguda crisis social, económica y política que vive Venezuela desde hace más de cinco años y es un fenómeno de movilidad humana que se inscribe en las más de siete décadas de migración de colombianos en busca de oportunidades y un futuro más promisorio en múltiples destinos internacionales, principalmente en Venezuela, Estados Unidos y España.
No hay claridad sobre cuántos colombianos viven hoy fuera del país, según estimaciones realizadas por el DANE en el censo de 2005 la cifra era de 3.378.345, para el 2012 la Cancillería aproximó este número a 4.700.000 gracias a la data consular. En la actualidad la certeza frente a los datos es cada vez más lejana, el último estudio censal tiene más de 17 años, por lo que urge su actualización. Las proyecciones sitúan vagamente el número de connacionales en el exterior entre 5 a 8 millones, lo que le dificulta al Estado colombiano realizar un acompañamiento integral a esta población y establecer estrategias y políticas públicas acertadas y eficientes en la materia.
Instrumentos jurídicos como la Ley de Retorno 1565 de 2012, cuyo propósito es brindar un acompañamiento a aquellos colombianos que voluntariamente desean retornar al país, o la reciente Ley 2136 de 2021 que reglamenta y orienta la Política Integral Migratoria del Estado en donde se incluye la necesidad de producir, mejorar, actualizar y aprovechar estadísticamente la información relacionada con población migrante nacional, extranjera y retornada, son sin duda avances normativos. No obstante, aún existen grandes vacíos jurídicos en asuntos migratorios y el corpus legal vigente se sigue quedando corto en la comprensión integral y en la gestión interinstitucional de fenómenos tan complejos como los de movilidad humana desde enfoques de derechos humanos e integración.
En este sentido, la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de anular el registro civil, cancelar las cédulas de ciudadanía y retirar del censo electoral por aparentes vicios de nulidad a 42.960 personas mayores de edad procedentes de Venezuela que en la última década tramitaron la nacionalidad colombiana por nacimiento al ser hijos de madres o padres colombianos es una medida cuyos procedimientos vulneran los derechos fundamentales de un número importante de personas y da espacio a grandes cuestionamientos.
No se desconoce que la revisión juiciosa y depuración del censo electoral y de las nacionalizaciones que han aumentado de manera considerable en años recientes son procesos ineludibles de la Registraduría de gran relevancia para el país, que justifican causales de nulidad al identificar casos de falsedad documental, adulteración, falsos testigos presentados por los solicitantes, e incluso de corrupción al interior de la entidad, cuyas consecuencias deben ser investigadas y sancionadas penalmente de manera oportuna.
No obstante, también es importante mencionar que el haber extendido esta medida a personas que teniendo el derecho de nacionalizarse en Colombia, pero que cometieron errores en la presentación de documentos o que no los apostillaron ante la imposibilidad de adelantar este requisito en Venezuela y la amnistía que ofrecía hasta el 2020 el Gobierno colombiano de prescindir de este trámite, y el decidir cancelarles la cédula colombiana cuando esta población ya ejercía una plena ciudadanía con un documento expedido por la Registraduría es una medida que ha dejado en situación de mayor vulnerabilidad e irregularidad a un número importante de colombianos victimas de la crisis humanitaria venezolana.
Si bien la Registraduría ha manifestado que los afectados pueden volver a inscribir sus papeles con apostilla de Venezuela y, si se comprueba su validez, conservarán el mismo número de cédula previamente expedido, la pérdida del derecho a la identidad y nacionalidad ponen en riesgo otros derechos fundamentales como el acceso a salud, educación y trabajo, el no poder votar en un año electoral o ejercer cualquier tipo de relación contractual donde se requiera la nacionalidad colombiana o la acreditación plena de identidad, incluso los hijos de las personas sujetas a esta medida pueden quedar en riesgo de apatridia.
Este proceder muestra una gran desconexión de la institución con el panorama migratorio colombiano y con el difícil contexto que viven los migrantes procedentes de Venezuela para certificar su identidad. Ante esta grave situación, se esperaría el despliegue de un acompañamiento interinstitucional a los retornados que hoy ven comprometidos sus derechos y sienten que su país les ha dado la espalda.
El actual Gobierno ha dado pasos firmes en la integración de los migrantes en Colombia a través del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPV), una política que claramente traerá desafíos y grandes ventajas a nuestra sociedad. En esta dirección, los retornados no pueden quedar al margen de esta visión de país, es importante y urgente visibilizar, identificar, garantizar los derechos e integrar a los connacionales que han regresado al país, así como aun es necesario reforzar estrategias de acompañamiento para los colombianos en el exterior. Son estas acciones esenciales para la construcción de una sociedad inclusiva, garante de derechos que rechace a la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación.
* María Clara Robayo es investigadora de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en alianza con la fundación Konrad Adenauer.
