Las dosis inciertas: ¿podrán vacunarse los migrantes venezolanos en los países donde residen? /Salud con lupa / Catalina Lobo Guerrero

Salud con Lupa / Catalina Lobo Guerrero.- No hay cómo contar la cantidad de ampollas en los pies, los dedos que han perdido las uñas y los tobillos que se troncharon en el camino. Tampoco hay quien lleve la cuenta de los morrales rotos y las maletas de rueditas averiadas que quedaron al borde de la carretera que va desde Caracas a Bogotá, Quito, Lima o Santiago de Chile. Ese tipo de estadísticas no existen en Sudamérica, pero a partir del 2015 —y antes de que la pandemia frenara su ritmo— cinco millones y medio de venezolanos ya se habían marchado de su país.

El covid-19 cambió la dinámica migratoria en el continente y sucedió lo impensable: muchos de los venezolanos que ya se habían radicado en otros países se quedaron sin trabajo, sin casa, sin qué comer, así que decidieron regresar al lugar de donde habían huido. No se sabe con certeza cuántos caminantes emprendieron el viaje de regreso, se estima que fueron 125 mil o quizás más. En algunos tramos hicieron parte del trayecto en camiones, en carros, en buses que algunas ciudades fletaron para llevarlos a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde permanecieron durante varios días acampando en las peores condiciones, antes de que los dejaran cruzar por los puentes oficiales que han estado cerrados desde marzo de 2020.

El gobierno venezolano les dio una bienvenida inolvidable. Algunos funcionarios se refirieron a ellos como “armas biológicas”, y el propio Nicolás Maduro dijo que estaban siendo utilizados por enemigos de la patria que querían “contaminar” a Venezuela. Los llamaron “trocheros”, refiriéndose a los trochas o cruces clandestinos por donde algunos atravesaban y los amenazaron con cárcel. A los que cruzaron por los pasos oficiales (los abrieron para admitir el ingreso de 200 personas diarias), que ya se habían hecho pruebas del lado colombiano, de todos modos los consideraron casos sospechosos de covid-19 y los obligaron a hacer cuarentenas de 14 días en sitios determinados —hoteles, escuelas, instalaciones deportivas— llamados PASI (Puestos de Atención Social Integral), que el gobierno habilitó a lo largo de distintos puntos de la frontera. Algunas personas permanecieron en esos lugares mucho más tiempo del necesario, según esta investigación de Prodavinci.

Los que se quedaron en los países de acogida, no la han tenido fácil en los últimos meses. El 80 por ciento de los refugiados y migrantes de Venezuela, según cifras de ACNUR, dependían del empleo informal para sobrevivir. Con el cierre del comercio y otras actividades económicas durante largas cuarentenas, no pudieron seguir trabajando. Al no tener ingresos, no pudieron pagar sus arriendos y miles fueron desalojados y terminaron viviendo en la calle o en condiciones de hacinamiento, lo cual hace más difícil evitar el contagio por covid-19, según un reporte de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, elaborado entre octubre y noviembre de 2020, con 1810 encuestas realizadas en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Han pasado hambre y muchos no han contado con asistencia de los gobiernos u otras organizaciones, ni tampoco atención adecuada en salud, aunque entre los encuestados más del 20 por ciento tenía una condición médica o enfermedad crónica, había mujeres embarazadas o lactantes y más del 5 por ciento eran mayores de 60 años. Por cadenas de whatsapp y redes sociales han recibido mensajes xenófobos y noticias falsas, como que serían deportados o les robarían los órganos si acudían a un hospital.

En medio de este clima de incertidumbre y penurias, las vacunas empezaron a llegar a la región y con ellas la esperanza de que en los próximos meses mejoren las condiciones de vida y oportunidades laborales. Ante esta posibilidad, la emigración que se había frenado con la pandemia, se reactivó a principios del 2021 y se estima que por trochas están pasando unos 25 mil venezolanos cada mes. Algunos van a quedarse en Colombia, otros continuarán hacia el sur del continente, aunque las fronteras también están cerradas, los cruces clandestinos militarizados, y sobre todo, aunque ellos no tengan la certeza de que podrán ser vacunados en esos países contra el coronavirus, especialmente si llegan como indocumentados.

Pasos militarizados y deportaciones anunciadas

La frontera entre Colombia y Venezuela continúa oficialmente cerrada y, a lo largo de los 2.200 kms que comparten ambos países, hay patrullaje de militares y policías. La estrategia se llama Operación Muralla y empezó desde 2020 con el objetivo de frenar un poco los ingresos y también contrarrestar las acciones de los grupos criminales que asaltan, extorsionan y violan a los migrantes en la zona. Los casos de violaciones sexuales a las viajeras en estas trochas han incrementado en un 60 por ciento desde que empezó la pandemia. La cifra de casos era de 2 o 3 por semana, pero hubo una semana en que reportaron 28. Pese a esta situación, el gobierno colombiano anunció que la frontera continuará cerrada hasta mediados de 2021.

Los pasos oficiales entre Colombia y Ecuador también han estado cerrados desde marzo del año pasado, al igual que los de este país con Perú. (Valga recordar que todos los venezolanos necesitan una visa para ingresar a Ecuador desde 2019). Y, desde el pasado 26 de enero, la frontera entre Ecuador y Perú está militarizada. Unos 1200 soldados peruanos fueron desplegados para vigilar más de 30 cruces clandestinos, algunos de ellos también controlados por mafias y “coyotes” que cobran peaje para pasar. Las fuerzas de seguridad ecuatorianas también participaron de lo que sería una operación conjunta y coordinada entre ambos países para impedir el paso de los migrantes. La medida fue fuertemente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional, pues en la operación hubo hasta disparos de bala para dispersar la aglomeración de gente.

Siguiendo la ruta hacia el sur, en la otra frontera, que conecta a Perú con Chile, y a Chile con Bolivia, también se presentó una situación delicada hace un par de semanas, especialmente en Colchane, en donde los migrantes lograron superar en número a los locales, desbordando la capacidad de atención y los servicios. La respuesta del gobierno chileno ante la crisis en el lugar fue deportar a los extranjeros, la gran mayoría de ellos, venezolanos. Los vistieron con trajes blancos biológicos con capuchas, los escoltaron como si fueran elementos peligrosos y los subieron a un avión de la Fuerza Aérea Chilena, rumbo a Caracas. Para rematar la operación ejemplarizante, ante las cámaras de televisión, el ministro del Interior chileno, Rodrigo Delgado, dijo: “Esta es una notificación que hacemos como Gobierno de Chile para que todas aquellas personas que piensan ingresar por pasos clandestinos lo piensen, porque el destino de ellos va a ser la expulsión«.

A Txomin Las Heras, analista del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, (Colombia) le ha llamado la atención que todos estos países hayan militarizado las fronteras recientemente. Coincide con el arribo de las primeras dosis de vacunas, pero también puede ser una medida que responde a intereses y cálculos políticos internos: los que gobiernan quieren mostrar que están controlando la situación, en medio de altísimas cifras de desempleo y recesión económica generalizada, además de serios problemas de confianza y gobernabilidad ante la opinión pública. Además, en Perú y Ecuador es momento de elecciones.

El anti venezolanismo en la región existía antes de la pandemia. Un estudio de percepciones sobre la migración venezolana en Colombia, Ecuador y Perú realizado por Oxfam en 2019 registraba que más del 70 por ciento quería medidas más estrictas de control en las fronteras. En parte, se debe a la percepción negativa que hay en los tres países: 7 de cada 10 personas considera que los migrantes son sinónimo de mayor inseguridad y delincuencia. Y, sin embargo, otro informe del Brookings Institution y Migration Policy Institute en Washington, elaborado con datos oficiales de los mismos países en el mismo 2019, concluyó que los migrantes venezolanos en Colombia, Perú y Chile cometen muchos menos delitos per cápita que la población local. Es más, muchos de ellos también han sido víctimas de la delincuencia.

No obstante, asesinatos recientes en Perú y en Colombia, y el manejo de los mismos por parte de autoridades y medios de comunicación, están alimentando esta percepción negativa, que en Lima derivaron en una marcha de protesta y un ataque a la sede diplomática de Venezuela. Y en Bogotá, culminó en la decisión de la alcaldía de prohibir el transporte de “parrilleros” en las motos de domiciliarios y medidas adicionales de seguridad en la capital.

Esto ya sucedió en Ecuador, uno de los países que se destacaba por un marco normativo incluyente y garantista en materia migratoria y que plantea en su artículo 40 de la Constitución que: “Ningún ser humano será considerado como ilegal debido a su condición migratoria”. Fue por un hecho de violencia puntual —un feminicidio a manos de un hombre venezolano en Ibarra, y la posterior reacción de la gente y de las autoridades, inclusive del mismo presidente Lenin Moreno— que el país decidió reformar su ley, con un enfoque más securitista y exigencias como la presentación de antecedentes penales.

La xenofobia y la aporofobia —el miedo y rechazo a las personas pobres— se han disparado en el último año, y Colombia, Ecuador y Perú son tres de los países alrededor del mundo que, según la encuesta Invamer- Gallup, rechazan más a los migrantes. Además de ser estigmatizados como personas “peligrosas” —no solo por ciudadanos, también por funcionarios públicos en los distintos países que incluso han señalado que son pagados por Maduro para infiltrar protestas sociales— con la aparición del Covid-19, los migrantes fueron percibidos como una amenaza a la salud pública.

En Colombia, donde hay casi dos millones de venezolanos —la mitad en situación irregular— la imagen negativa de los migrantes alcanzó un pico del 80 por ciento el año pasado, por temor a que pudieran ser transmisores del coronavirus. El rechazo bajó a un 67% en la última medición, pero más del 70 por ciento de los colombianos encuestados por Gallup prefiere que las fronteras permanezcan cerradas.

En el otro extremo del continente, en Chile, la encuesta Cadem reveló cifras similares en su última medición: el 60 por ciento no ve con buenos ojos la llegada de inmigrantes al país, el 72% cree que es necesario imponer mayores restricciones para evitar el ingreso de extranjeros indocumentados y un 56% cree que los inmigrantes que han entrado de forma irregular deberían ser expulsados.

Según Alejandro Daly, quien dirige el Barómetro de la Xenofobia en Colombia, una plataforma que sistematiza y analiza las publicaciones de mensajes anti-inmigrantes en medios y redes sociales, los picos o los momentos en que más se exacerban estas actitudes están directamente relacionados con declaraciones de figuras públicas y de autoridad, como puede ser un alcalde, un ministro o hasta el mismo presidente. Ese tipo de mensajes, lamentablemente, no han faltado durante la pandemia. Y algunos han estado asociados a las vacunas.

Tres días antes de Navidad, el 21 de diciembre de 2020, el presidente colombiano, Ivan Duque, dijo en una entrevista con una emisora de radio que los venezolanos que no tuvieran papeles en Colombia (casi un millón de personas) no serían vacunados contra el covid-19. ¿Las razones?: “Tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”.

Duque recibió fuertes críticas por sus declaraciones sin fundamento, dentro y fuera del país, pero especialmente por parte de la comunidad internacional y organismos multilaterales. La OIM, ACNUR, el Vaticano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ONGs que velan por los derechos humanos como Amnistía Internacional, han insistido en el mensaje contrario: que ningún migrante se quede sin vacuna.

El presidente colombiano trató de matizar, no es que no quisieran vacunarlos, el problema era de fondos: “Cuando miramos la crisis siria, el aporte de la comunidad internacional por migrante es de 2.000 dólares, (en cambio) el aporte de la crisis migratoria de Venezuela —que supera la siria— no llega a 200 dólares por migrante”. El ministro de salud, Fernando Ruiz, dijo que estaban haciendo gestiones ante el mecanismo Covax para buscar esas dosis. “Ya tiene destinado un número bastante grande de vacunas para poblaciones en situación irregular en otros países y nosotros estamos haciendo la respectiva aplicación para tener acceso a esas vacunas”. Y añadió que el problema, además de fondos, era de identificación, en especial la población que tiene estatus irregular: “Representa un reto debido a su condición de nómada y a que no está identificada, lo que dificulta su ubicación. Acordémonos que hay que aplicarles una segunda vacuna, porque la mayoría de las vacunas vienen en dos dosis. Entonces, el reto aquí es identificar y tener la certeza de que esa población se va a vacunar y revacunar, que la podemos realmente ubicar con su lugar de residencia”, dijo.

Quizás por la necesidad de acceder a fondos de la comunidad internacional (especialmente de los Estados Unidos, que con Joe Biden de presidente ha cambiado su postura criminalizante frente al tema migratorio) y porque epidemiológicamente hay que saber quiénes son y dónde están los inoculados, semanas después, el 9 de febrero de 2021, el mandatario colombiano dio un giro de 180 grados: anunció la creación de un estatuto que le dará a los venezolanos indocumentados en el país la posibilidad de regularizarse y, así, acceder a contratos laborales y de arrendamiento legales, al sistema de salud y a la vacuna contra el covid-19, aunque no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni con qué dosis podrían empezar a inocularlos.

En Chile también hubo declaraciones infortunadas que crearon una gran confusión y debate nacional respecto a los derechos de los refugiados y migrantes a recibir la vacuna. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, dijo que los extranjeros con visa de turismo que estuvieran en el país no podrían vacunarse y añadió: “Tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que estén en el país en una situación irregular, pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva”.

El colegio de médicos, las organizaciones de derechos humanos y otros sectores criticaron al canciller, y el ministro de Salud, Enrique París, y la subsecretaria, Paula Daza, salieron a aclarar que los migrantes sí estaban incluidos en los planes de vacunación. “Lo que no queremos es que esto se transforme en un turismo de vacuna”, dijeron ambos funcionarios, como reacción a un canal de televisión peruano que promocionaba un paquete turístico para irse a vacunar a Santiago, desde Lima, dado el exitoso esquema de vacunación que ha implementado el país austral, el único en la región que, además tiene suficientes dosis aseguradas para su población.

No es claro que el ponerse una vacuna en otro país sea una nueva razón para un súbito “turismo de vacunas”. Es un fenómeno que se ha visto en ciudades como Miami, a donde los extranjeros ricos han ido a vacunarse, incluso en vuelos charter. Pero hablar de “turismo de vacunas” desde Venezuela es un sinsentido. El país está prácticamente aislado, con vuelos autorizados solo a cinco destinos: Turquía, Panamá, República Dominicana, Bolivia y México, y los tiquetes de avión son impagables para la gran mayoría de los venezolanos. Además, muchos de ellos ni siquiera tienen pasaportes o los tienen vencidos. Los que llegan hasta Chile —o a cualquiera de los otros países del continente— caminando durante varios meses, lo hacen por necesidad, por razones de reubicación familiar, pero no por un plan vacacional. Además, de momento, las organizaciones que hacen trabajo de campo o prestan asistencia humanitaria en las fronteras no han identificado que la vacuna contra el covid-19 sea un motivo de fuga del país, como sí lo son la hiperinflación, la escasez de comida y medicinas, la falta de oportunidades, la represión o la violencia.

Desinformación y escándalos de corrupción

En el Perú, con un altísimo número de casos y muertes por el covid-19, y en medio de una crisis política e institucional severa en los últimos meses, que solo empeoró con el escándalo de corrupción, Vacunagate, ha circulado mucha desinformación respecto a las vacunas. Entre los mensajes que compartieron por las redes de extranjeros decían que no los iban a vacunar o que los iban a vacunar de últimas, después de todos los peruanos, sin importar que fueran aportantes o no al sistema de salud, EsSalud. Perú es el segundo país de la región, después de Colombia, con más migrantes venezolanos (casi un millón) y el 60% de ellos se ha sentido discriminado en algún momento, según datos de ACNUR.

El mismo día en que llegaron las primeras vacunas, y antes de que la ex ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Elizabeth Astete, renunciara a su cargo tras descubrirse que era una de las funcionarias que se vacunó de manera prioritaria y a escondidas, Astete dijo que los “venezolanos residentes” serían incluidos en el plan de vacunación. Entre ellos están miles de médicos y enfermeras que han estado trabajando en diferentes clínicas y hospitales del país, en la primera línea de atención con pacientes enfermos de covid-19. Sus declaraciones dejaron muchas dudas: ¿qué significaba “residentes”? ¿Solo los que tuvieran una visa?

Días después, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, dijo a un canal de televisión que muchos de los migrantes provenientes de Venezuela no han podido regularizar su situación migratoria y dio a entender que no se quedarían sin vacuna: «Recordemos que son personas pues, que han llegado con muchas dificultades y que la vacuna es universal y gratuita”. Pero tampoco dio detalles sobre cómo pueden demostrar que son residentes, si no tienen papeles.

En Ecuador, cuyo gobierno está en los últimos días, también se empezó a hablar de un Vacunagate, al descubrirse que el propio ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, había inoculado de manera secreta a miembros de su familia y amigos. Hubo muchos cuestionamientos a su gestión, y reclamos ante la poca claridad sobre cómo está funcionando el esquema de vacunación que, durante semanas, no se publicó, a pesar de la insistencia de varios sectores políticos, organizaciones sociales y periodistas, que instauraron acciones legales para que el ministerio divulgara el plan. Un juez falló a favor y le dio 15 días para publicar la información.

Finalmente apareció en una página web llamada Planvacunarse.ec que afirma: “El proceso de vacunación será universal y gratuito para la población ecuatoriana (ecuatorianos y residentes)”.

En una rueda de prensa, días antes de su renuncia y salida del país en medio del escándalo de corrupción, al ser preguntado si los migrantes estaban incluidos o no, Zevallos dijo: “No podemos hacer distinción, que a alguien migrante no se le vacune, tienen que estar integrados porque tienen derecho como cualquier otro ecuatoriano”. Pero tampoco dio mayores detalles al respecto y no aclaró si el “residentes”, incluye o no a los inmigrantes indocumentados.

Sin documentos: lo que no está escrito no existe

Más del 30 por ciento de los migrantes en el continente se encuentra en situación irregular, según cálculos de ACNUR. Ante este problema, desde julio de 2019, el Gobierno del Ecuador empezó un proceso de registro y regularización de ciudadanos venezolanos que ya estaban en el país. Pero, según Ruth Urbano, de la oficina de HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) que trabaja en la atención de esta población en Quito, más de 200 mil personas se quedaron sin poder hacerlo porque no tenían los 50 dólares para pagar el trámite, tampoco tenían pasaportes o estaban vencidos, y además el sistema de citas se suspendió por la pandemia. El país anunció en días pasados que eliminaba una de las visas a las cuales podían acceder los venezolanos —la Visa de Residencia Unasur—, que era más económica que otras pero exigía tener un pasaporte vigente, certificado de antecedentes penales reciente y apostillado.

Por falta de documentos miles de venezolanos tampoco han podido tramitar la Visa de Responsabilidad Democrática en Chile (se estima que sólo 5 por ciento ha podido sacarla en dos años), un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú, o el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que es el que otorgaba Colombia hasta hace un mes. Hay todavía un corto circuito entre las exigencias que hacen los funcionarios de los países y la realidad de los migrantes y refugiados. “Es difícil que un burócrata en Lima o en Santiago entienda la dimensión de la emergencia humanitaria. Les parece poco creíble que un venezolano no pueda tener un certificado de antecedentes penales”, dice Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

Parte del problema está en el origen, en Venezuela, donde el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (SAIME), que permaneció cerrado el año pasado, ha tenido problemas de escasez de materiales especiales para elaborar pasaportes, cédulas y otro tipo de constancias o certificados. Muchos venezolanos tampoco tienen los recursos para sacar un documento o renovarlo, y mucho menos tienen con qué pagar a los “gestores” que cobran miles de dólares por acelerar el trámite. En los hospitales públicos, donde se expiden los certificados de nacidos vivos a los bebés, también ha habido escasez de materiales y por eso muchos niños pequeños que emigraron en los últimos años no tienen documentos que acrediten su identidad y nacionalidad, quedando en riesgo de apatridia.

“Carece de sentido que no te pongan una vacuna si no tienes documentos vigentes”, dice Trujillo. Ante esta situación lo que debería primar es el derecho a la salud y la posibilidad de que la gente que no tiene documentos asista a los centros de salud, y se registre de buena fe con un nombre y apellido, porque lo que se está buscando es la inmunidad. Para él, parte del problema es no querer reconocer el problema como lo que es: “No estamos hablando de un problema migratorio, sino de una crisis de refugiados”, dice.

Si los países lo reconocieran como tal, podrían adoptar otras medidas, especialmente ante una emergencia de salud pública como la que se está viviendo, que no tengan que pasar por tanta burocracia y trámites, y que permitan soluciones más expeditas, porque la gran mayoría de los venezolanos no va a regresar, y menos ahora. Para ello, según Trujillo, lo que ha faltado, además de presupuesto, comprensión y capacidad, es voluntad política.

Los prerrequisitos para vacunarse

Más allá de las declaraciones y confusiones, de los cierres fronterizos, de lo que digan o no los documentos, lo que importa es que los migrantes queden incluidos en el esquema de vacunación, que cuenten en los lotes de vacunas que están siendo adquiridas, que los países creen campañas específicas para informar y atender a esta población (ACNUR ha ofrecido apoyar a los países en esta labor y otras de logística e infraestructura durante la fase de vacunación), y que no queden en el último lugar o sean excluidos por no tener documentos.

En los planes de vacunación y decretos de los distintos países se mencionan a otros grupos vulnerables como habitantes de calle o población carcelaria, incluso están priorizados en las fases. No pasa lo mismo con los refugiados y migrantes. O bien no aparecen o aparecen, pero hay poca claridad sobre cómo y cuándo serán vacunados, especialmente los indocumentados. ¿Por qué? Para intentar aclarar esta situación, y la incertidumbre de los migrantes, (ver sus testimonios), Salud con Lupa envió una serie de preguntas a los ministerios de Salud de los cuatro países del corredor andino. Sus respuestas nunca llegaron o fueron muy vagas.

El Ministerio de Salud ecuatoriano nunca contestó las preguntas enviadas por Salud con Lupa, a pesar de varios mensajes insistentes, durante más de tres semanas. La información que hay en documentos públicos es poco clara, no dicen qué tipo de requisitos o documentos van a exigirles, (a los ecuatorianos les están pidiendo el DNI, documento nacional de identidad) o si deben afiliarse primero al sistema de salud, aunque en la página web planvacunarse.ec dicen que: “El ser o no afiliado al IESS no ha sido ni es un criterio de inclusión ni exclusión para la vacunación.”

En el Ecuador las fases de vacunación han sido planeadas con dos criterios, nivel de riesgo y edad de las personas. Según dio a entender el ex ministro Zevallos, antes de renunciar, la mayoría de los migrantes, especialmente si son venezolanos “son jovencitos, y ellos tendrán que esperar porque la edad es lo que prima”.

Esta afirmación desconoce que dentro de los migrantes y refugiados, aunque pueden ser una minoría, hay mayores de 60 años y que muchos más jóvenes también tienen otros problemas de salud que habría que tener en cuenta para evaluar el riesgo, y recibir una vacuna con la misma prioridad que los ecuatorianos.

El Ministerio de Salud tampoco contestó las preguntas, a pesar de varios mensajes insistentes, durante más de tres semanas. En Colombia hay muchos interrogantes sobre cómo va a funcionar la vacunación para los migrantes, especialmente los que están en condición irregular, y así lo reconoce el documento del plan: Actualmente, los migrantes en condición regular están incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 en las mismas condiciones de la población nacional, es decir, de acuerdo con el enfoque de priorización establecido en este documento. Sin embargo, debido al desafío operativo para la identificación, ubicación y trazabilidad de los migrantes en condición irregular, esto es, debido a la ausencia de listas nominales, la inclusión efectiva de los migrantes en condición irregular se constituye en un desafío para el que se exploran alternativas en el marco del Plan Nacional de Vacunación.

Al anunciar el nuevo Estatuto de Protección Temporal se dijo que, como prerrequisito para regularizarse y luego sí poder acceder a una vacuna, tendrían que inscribirse en el nuevo Registro Único de Migrantes, pero este apenas comenzaría a funcionar en tres meses, según Lucas Gomez, Gerente de Fronteras del gobierno.

También hay varios puntos en el nuevo estatuto que preocupan, y que fueron motivo de observaciones al borrador del decreto reglamentario, tanto por organizaciones de derechos humanos, la academia y Representantes de la Comisión Accidental para el seguimiento de la crisis de Venezuela: el que tengan que demostrar con una “prueba sumaria” de que viven en Colombia (quienes están en la informalidad no tienen contratos de arriendo por escrito, ni un recibo de luz a su nombre) o la discrecionalidad que tiene el gobierno para decidir si aceptan o no a alguien en el registro y posteriormente beneficiarse del nuevo Permiso de Protección Temporal. Además, el nuevo estatuto cubre a quienes crucen la frontera por los pasos autorizados en los próximos dos años, pero como están cerrados, los que están ingresando por trochas no quedarían incluidos y podrían ser deportados.

“Este estatuto no va a resolver en el corto plazo que puedan acceder a las vacunas. Los tiempos no concuerdan con los plazos del plan de vacunación”, dice Lucía Ramírez, experta en derecho migratorio de Dejusticia. Según el decreto 109 que reglamenta el Plan de Vacunación en Colombia, hay que estar en alguna de las bases de datos del sistema de salud. Si el registro migratorio va a ser la “base de datos” oficial de los migrantes, que luego les permite entrar en el sistema de salud y recibir una vacuna, van a pasar varios meses, incluso puede ser más de un año, antes de que puedan inocularse.

Tampoco hay claridad sobre qué va a pasar con cientos de miles de venezolanos que ya tienen visas o permisos legales de residencia o trabajo en Colombia, pero que tampoco están afiliados a las empresas prestadoras del servicio, las EPS, que son las que están administrando el proceso de vacunación. Las EPS exigen a sus afiliados que actualicen sus datos para entrar en la fila de asignación de turnos para vacunarse. El documento que exigen a los colombianos para recibir la dosis es la cédula de ciudadanía.