Perú ya no es el paraíso para la diáspora venezolana / Daniella Monroy
La Silla Vacía.- En «Encuentro con la Migración», programa de radio del Observatorio de Venezuela, estuvimos entrevistando a Analí Briceño, experta en migración venezolana y solicitudes de protección internacional de venezolanos en Perú.
Como en la mayor parte de los países latinoamericanos -tradicionalmente-, las dinámicas de movilidad humana en Perú correspondían al traslado de las personas de las zonas rurales hacia los centros urbanos, y a la emigración hacia los países con las economías más boyantes. Sin duda los venezolanos que llegaron escapando de la crisis de su país transformaron el curso de la migración del Perú en los últimos seis años.
El grueso de esta migración es vulnerable y llega en condiciones precarias a Perú. Adicionalmente, el Estado no tiene certeza sobre el número real de venezolanos que hay en el territorio porque gran parte de los migrantes que cruzan la frontera lo hacen de forma irregular. Sin embargo, la plataforma R4V calcula que el total de venezolanos en Perú asciende al millón 200 mil, es decir, el 3,9 por ciento del total de la población. La complejidad de la situación es alta y la pandemia del covid la ha agravado.
La legislación peruana que compete a los migrantes y solicitantes de protección internacional está en proceso de adaptarse a la atípica afluencia de venezolanos que en los últimos años ha venido recibiendo el país. Hay dos leyes en vigor a las que acude dicha población: el decreto legislativo 1350 o Ley de migraciones, que establece las calidades migratorias por las que un extranjero puede quedarse residiendo en Perú y los permisos ad hoc creados para la población venezolana o Permisos Temporales de Permanencia, que han servido a los migrantes para regularizarse por un año y acceder a trabajo. Esto ha servido como alternativa a la Ley de Migraciones que tiene requisitos más exigentes de regularización y un proceso más dispendioso.
En el caso de los venezolanos solicitantes de refugio aplica la Ley 27891 o Ley de Refugio. Perú ha acumulado medio millón de solicitudes de refugio pendientes de aprobación entre 2018 y 2020, lo que lo convierte en el país con mayor cantidad de venezolanos aspirantes a protección internacional en el mundo.
Antes de 2015, cuando comenzó el fenómeno de movilidad humana venezolano, Perú recibía un promedio de trecientas a cuatrocientas solicitudes de refugio anuales. La protección internacional solía ser un derecho para el que Perú facilitaba el acceso y garantizaba ventajas como la prevención de la situación de devolución al país de origen y el permiso para trabajar incluso desde el momento de ser solicitante. Esto, por supuesto, causó un efecto llamada que atrajo a cada vez más venezolanos perseguidos esperando acogerse a los beneficios. Sin embargo, a pesar de que la Ley de refugio tiene calidades en el papel con las que se permite a los solicitantes incorporarse al mercado laboral formal, en la práctica esto no ocurre. Aún así, en comparación con otros países de la región, el proceso de requerimiento del estatuto de protección internacional en Perú tiene pocos obstáculos.
Si bien había una estructura establecida para quienes quisiesen acogerse al refugio en Perú, la repentina llegada de más de un millón de venezolanos en menos de seis años ha llevado al desborde del sistema de protección internacional del país. Desde septiembre de 2020, la plataforma virtual por medio de la cual se hacen las solicitudes de refugio no funciona, dando lugar a incertidumbre y desprotección para la porción más vulnerable de la diáspora venezolana.
La mayor de las complicaciones que ello ha causado es que se ha incumplido el plazo de seis meses que establece la Ley de Refugio para que el Estado peruano reconozca o deniegue la condición de refugiado al solicitante. Actualmente no hay certeza en el término en que se resuelven las solicitudes y llegan a demorarse hasta tres y cuatro años.
A pesar de que las fronteras peruanas están cerradas para evitar la propagación del covid, la llegada de los venezolanos continúa. Al retraso en la aprobación de solicitudes de refugio se suma el despliegue militar fronterizo en coordinación con las fuerzas armadas ecuatorianas y la detención de los migrantes en situación de irregularidad -en su mayoría venezolanos- por parte de la Policía Nacional de Perú. Incluso en Tumbes, región fronteriza peruanoecuatoriana, hay presencia de vehículos blindados para patrullar y reforzar las medidas de control. Los operativos son utilizados por las fuerzas militares peruanas tanto para bloquear la inmigración irregular como para impedir el contrabando o el tráfico de personas, lo que termina equiparando la inmigración por pasos irregulares a actos tan graves como los crímenes transnacionales.
Esto no solo ocurre en la frontera norte de Perú sino en la frontera con Brasil, donde también hay circulación de personas intentando cruzar por los pasos irregulares, que finalmente son reprimidas o expulsadas del territorio peruano. Ambas rutas migratorias son utilizadas por niños, niñas, mujeres y adultos mayores, lo que complejiza la vulnerabilidad de la población migrante en tanto que las autoridades tienen una postura sancionatoria contraria al enfoque de derechos humanos que requiere la crisis humanitaria venezolana.
