Carta abierta a Petro: Ley contra las ONG en Venezuela aumentará solicitudes de asilo político en Colombia
Carta abierta al presidente Gustavo Petro: Aprobación de Ley contra las ONG aumentará dramáticamente solicitudes de asilo político y refugio en Colombia
(Caracas, 16 de febrero de 2022). En primer lugar, reciba nuestros mejores deseos de éxitos en su gestión. Las aspiraciones de paz, más y mejor democracia, así como de plena vigencia de los derechos humanos para todos los colombianos y colombianas son también nuestras. Cualquier paso en esa dirección contará con el apoyo y el aplauso de las diferentes organizaciones sociales y comunitarias que hacemos vida en Venezuela y en otros países de la región.
El motivo de la presente comunicación es expresarle nuestra preocupación por la posible aprobación del “proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, presentado el pasado 24 de enero de 2023 en la Asamblea Nacional y aprobado en primera discusión sin que hasta el momento el documento sea de acceso público, violando lo determinado por la Constitución venezolana para la formación de leyes. En la presentación realizada en el Parlamento por el diputado Diosdado Cabello, se estigmatizó y criminalizó de forma generalizada a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y se señaló la existencia de una lista preliminar de 62 ONG, señaladas como “fachadas de partidos”, “enemigas” y “traidoras a la patria”, mencionando sólo algunas, entre ellas al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una organización con 34 años de trabajo en el país.
En una versión obtenida de manera extraoficial, ya que el proyecto no se encuentra accesible en los sitios web oficiales, se constatan diferentes disposiciones violatorias del derecho de libertad de asociación y reunión: Se declara la “inexistencia” no solo de las ONG, sino también de casi todas las formas previas de asociación sin fines de lucro, sometiéndolas a un nuevo régimen jurídico, para el cual se deben cumplir una serie de requisitos desproporcionados y que no tienen un objetivo legítimo. El proyecto contiene muchas disposiciones con términos vagos e imprecisos, que pueden ser interpretados discrecionalmente por las autoridades. Se establece un régimen de sanciones desproporcionadas que comprenden suspensión o disolución de oficio y multas confiscatorias, además de responsabilidades civiles y penales por delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El patrón de uso de una normativa para colocar al margen de la legalidad a las organizaciones críticas e independientes ha sido utilizado en otros contextos autoritarios de la región.
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