COLOMBIA – VENEZUELA: Balances y Retos
COLOMBIA – VENEZUELA:
Balances y Retos.
Socorro Ramírez
Ligia Bolívar
Crisis en Venezuela y necesidad de negociaciones económicas, institucionales y sociales
El régimen que han conformado el gobierno de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), impone el control institucional, la polarización y el ambiente hostil al pluralismo político, afectando tanto el sistema de partidos como los procesos y resultados electorales. Ante el triunfo opositor en la elección de la Asamblea Nacional (AN) en 2015, el régimen adoptó una serie de medidas ilegítimas e inconstitucionales con el fin de neutralizar al poder legislativo, interferir el papel de la AN en el control al ejecutivo e impedir una nueva derrota electoral del PSUV. Anuló las elecciones en el Amazonas y la representación indígena, montó una Asamblea Nacional Constituyente, recompuso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), destituyó directivas de partidos opositores y les montó otras, modificó condiciones electorales, obstaculizó el registro electoral, violó el principio un elector un voto, impuso hegemonía comunicacional oficial. Con irregularidades en las elecciones presidenciales de 2018, Maduro logró continuar en el gobierno sin la capacidad ni la unidad nacional para hacerle frente a la grave situación de Venezuela. Las elecciones parlamentarias, de diciembre 2020, realizadas con múltiples irregularidades, conformaron una AN controlada por el oficialismo.
Por iniciativa ciudadana algunos opositores ingresaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que entró en funcionamiento en mayo 2021 y debía revisar las condiciones de los comicios para gobernadores y alcaldes del 21 de noviembre 2021, para lo cual propuso: -nombrar expertos en ingeniería de sistemas y software,-escoger diez auditores de composición política plural para examinar el sistema electoral, -convocar las elecciones con seis meses de anticipación, -presentar un cronograma para revisión y actualización del registro electoral. Aunque mejoraron las condiciones, el régimen repitió irregularidades, pues siguió utilizando la inhabilitación de distintos actores políticos hecha a través de la Contraloría y la amplió para que no participaran disidentes del oficialismo como los del Partido Comunista Venezolano (PCV), y los medios de comunicación controlados por el gobierno dieron mayor visibilidad a los candidatos oficialistas. En esa megaelección se presentaron 70.000 candidatos a 3082 cargos: 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 diputados regionales y 2472 concejales. Por el oficialismo se postularon 3082 candidatos (1 por cargo), y por la oposición cerca de 67.000 (por lo menos 3 por cargo). El chavismo consolidó su hegemonía territorial, en 218 alcaldías sobre todo urbanas y la perdió en algunas zonas rurales, ganó 19 gobernaciones (perdió en estados fronterizos como Zulia); las distintas oposiciones ganaron 3 gobernaciones y 117 alcaldías, si hubiesen llegado con candidato unitario, su votación mayor que la del PSUV, habría ganado al menos 14 gobernaciones más. La abstención de casi 60% respondió a condiciones que el régimen impuso, a que un sector opositor dijo que participar era convalidar la farsa electoral, y a que los venezolanos por fuera del país, no pueden votar en elecciones parlamentarias o regionales.
