Entes públicos y privados no han actualizado plataformas para contemplar el PPT / Txomin Las Heras Leizaola / El País

El País.-

Comenzado el mes de febrero de 2022, Migración Colombia ya ha aprobado 456.000 Permisos por Protección Temporal (PPT) a venezolanos que se han acogido al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Sin embargo, a la fecha, la gran mayoría de las instituciones públicas y privadas del país no ha actualizado sus plataformas y portales web con el fin de contemplar ese documento para la realización de trámites, acceso a derechos y cumplimiento de deberes.

La advertencia la hace el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en su Semáforo de la Bitácora Migratoria correspondiente a la semana 40 de acompañamiento a la implementación del ETPV, donde señala que la referida situación puede perjudicar la plena integración de la población venezolana residente en Colombia, al generar obstáculos en temas como el acceso a la banca, a los sistemas de salud y educación, así como a los servicios básicos de agua, energía eléctrica, gas e Internet.

Estrategias como éstas, a juicio de los investigadores del Observatorio de Venezuela, pueden ayudar a subsanar los problemas que se han presentado de asistencia de los migrantes a las fases del ETPV que requieren su presencia personal, de manera tal que se pueda completar la meta que se ha trazado el gobierno de conceder el PPT a 1.800.000 venezolanos para agosto de 2022.

La Bitácora Migratoria ha hecho un balance optimista de la marcha del proceso de regularización, al destacar cifras como la de 1.834.321 migrantes que ya han completado el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y 1.122.245 que han cumplido con el Registro Biométrico, paso previo para la entrega del PPT.

Migración Colombia, sin embargo, tendrá que hacer un esfuerzo adicional para incorporar al ETPV de aquí al 28 de mayo, a través de estrategias de búsqueda activa, a muchos venezolanos vulnerables que por encontrarse en zonas alejadas de la geografía nacional o no tener acceso a Internet o a tecnología se han mantenido al margen del proceso de regularización.

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