Expulsiones: El lado oscuro de la política migratoria colombiana / Catalina Lobo Guerrero enArmando Info y La Silla Vacía
Catalina Lobo Guerrero / Armando Info y La Silla Vacía.-
El presidente Iván Duque se había puesto la camiseta colombiana. O, para mayor precisión, la chaqueta acolchada y azul oscura de Migración Colombia, la autoridad que controla quien entra y sale del país. La necesitaba para hacerle una visita “sorpresa” a un inmigrante venezolano que decidió echar raíces en una vereda montañosa y fría del municipio de La Calera, cerca de Bogotá. El mandatario se paró frente a su casa. Tocó la aldaba metálica, tres veces: toc, toc, toc. La puerta se abrió y él preguntó, haciéndose el que no sabía —pero sabía muy bien quién era— ante el hombre que lo esperaba:
-¿Don Oscar Soto?
-Señor presidente Duque, es un gusto conocerlo.
Se abrazaron, se dieron palmadas en la espalda como socios, compadres, amigos, hermanos de toda la vida, frente a las cámaras de televisión que grabaron cuando el presidente le entregó, de sus manos, la tarjeta 001 del nuevo Estatuto de Protección Temporal, que él había anunciado a principios de 2021 para regularizar a más de un millón de venezolanos indocumentados.
-Para que sea visible, para que ejerza sus derechos y para que Colombia lo reciba con los brazos abiertos- le dijo Duque, en medio de los aplausos de la comitiva. Hubo otro apretón de manos, un medio abrazo, más palmadas en la espalda y la promesa de que ese documento (Permiso por Protección Temporal-PPT) también sería entregado a sus compatriotas en los próximos días.
-Tremenda alegría, mano– le contestó Oscar, olvidando ya el protocolo después de tanto abrazo y cercanía con el jefe de Estado.
-¿Ah?
-Tremenda alegría, muchas gracias- corrigió.
La escena propagandística mostraba el lado más fraterno de la política migratoria colombiana que, como ningún otro país de la región, ha acogido a dos millones de venezolanos en los últimos cinco años. Ha sido un esfuerzo enorme porque a Colombia le faltan muchos recursos y experiencia en la materia; de hecho, ha sido siempre un lugar expulsor, nunca receptor, de migrantes. Pero al país, ha dicho el presidente Duque, le sobra mucha voluntad y empatía. Eso se lo han reconocido los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea —que han aportado algunos fondos— y las agencias y organismos multilaterales como Acnur, OIM, entre otros.
Esa ha sido su política de mostrar —y de demostrarle a la izquierda y al progresismo que se puede ser conservador y de derecha, y a la vez humanitario— y será su mejor legado cuando en pocos meses pase a convertirse en un expresidente más, uno con muy baja popularidad.
Sin embargo, la política de acogida en realidad empezó con Juan Manuel Santos, cuando decidió darles la nacionalidad por adopción a los cónyuges venezolanos de 22.000 colombianos expulsados por Maduro en 2015, y continuó con el primero de los PEP (Permiso Especial de Permanencia), que se creó en 2017. Hay que añadir también que, si bien el Ejecutivo ha priorizado el tema migratorio, creando incluso la Gerencia de Fronteras que depende directamente de la Presidencia, el esfuerzo ha sido de todo el Estado colombiano.
Pero también ha habido lunares en esos esfuerzos.
Quizás el punto más cuestionable de la política migratoria del actual gobierno y de la gestión de otras autoridades estatales ha sido la manera como han lidiado con los venezolanos que delinquen, o con los que aún siendo inocentes han sido utilizados como chivos expiatorios en los momentos de crisis, en especial durante los días de Paro Nacional de 2019 y de 2021, violando sus derechos.
Muy pocos migrantes han denunciado esas violaciones, y los que se han atrevido, como Miguel Ángel Calderón, el supuesto “espía de Maduro” expulsado en 2019, no han llegado muy lejos. A pesar de contar con una decisión favorable de un juez que revocó su medida de expulsión, Calderón aún no ha podido regresar a Colombia para estar con su familia (su historia completa será publicada en los próximos días como parte de esta serie)
Esta investigación conjunta de Armando.info y La Silla Vacía, denominada Venezolanos, go home, volvió a repasar ese caso y otros, como el de los 59 expulsados en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, que terminaron abandonados en la orilla venezolana del río Orinoco, sin haber sido entregados formalmente a ninguna autoridad del vecino país, como lo exige este tipo de procedimientos. O el de una familia de jóvenes caminantes, con dos niños pequeños, que a principios de mayo, en medio de las guarimbas y protestas, quedaron atrapados en Gachancipá, un municipio pequeño, ubicado sobre una de las autopistas principales que conectan a Bogotá con el norte del país. Terminaron separados cuando uno de ellos fue señalado como vándalo por la comunidad, detenido y expulsado en menos de 36 horas (estas historias saldrán en los próximos días en el marco de la serie que hoy comienza).
El propósito de esta serie periodística, elaborada a partir de testimonios directos de migrantes, testigos, entrevistas con exfuncionarios, abogados, documentos públicos, expedientes, y respuestas a derechos de petición (a los que la Fiscalía colombiana nunca contestó), derechos de insistencia y una tutela interpuesta con el apoyo de la organización no gubernamental El Veinte, fue el de entender la doble narrativa del gobierno y de algunas instituciones del Estado frente a la migración, qué consecuencias ha tenido en la percepción de la ciudadanía, y cómo se han estado utilizando las expulsiones: una medida discrecional administrativa que es legal, pero puede ser injusta.
Percepciones peligrosas
Es difícil precisar cuándo y cómo los venezolanos empezaron a ser percibidos por algunos colombianos como personas peligrosas, pero algunas encuestas y estudios empezaron a medir el rechazo hacia ellos. En octubre de 2018, la opinión desfavorable hacia los venezolanos en Colombia era de 52%, un año después había aumentado a 68%, y en su pico más alto, durante la pandemia —donde el nuevo miedo que surgió era que ellos fueran el mayor vector de transmisión del coronavirus—, ha llegado a estar en niveles superiores al 80 por ciento en 2020, según las encuestas de Invamer Poll.
Las percepciones, que es lo que miden las encuestas, no se corresponden necesariamente con la realidad y esto se ha visto de manera reiterada con la inseguridad, que es uno de los factores que más dispara la xenofobia.
Varios estudios, entre ellos uno muy citado del Migration Policy Institute y el Instituto Brookings de Estados Unidos, que analizó la cantidad de delitos cometidos por venezolanos en tres países de la región (Colombia, Perú y Chile), demostraron que no hay un aumento sustancial de la delincuencia por la llegada de los migrantes. Según el estudio, elaborado con las propias cifras oficiales de la Policía, que empezó a desglosar la cantidad de arrestos por nacionalidad, a partir del 2019, “los ciudadanos venezolanos tienen tasas de arresto por delitos violentos más bajas de lo que justificaría su proporción dentro de la población, pero más altas tasas de arresto cuando se toman en consideración delitos menores”.
Entre esos delitos menores está el de hurtos a comercios o a personas en los buses. Nada de esto supone un peligro grave para la seguridad nacional, y de lo que en realidad habla es de las condiciones de precariedad y desempleo que muchos migrantes enfrentan, especialmente si tienen un estatus irregular y no pueden conseguir trabajos y arriendos legales. Esto también los hace más vulnerables y susceptibles a terminar reclutados por organizaciones criminales, o a ser víctimas de sus acciones, como también lo muestran las cifras.
A pesar de eso, varios alcaldes del país han señalado a los venezolanos como personas peligrosas, culpándolos en sus declaraciones públicas de hacerle “la vida de cuadritos” a los colombianos, como dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esto incide en el tipo de conversación y las matrices de opinión que se van formando los ciudadanos. Los informes del Barómetro de la Xenofobia han analizado cómo las declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos o líderes de opinión disparan los mensajes odiosos y discriminatorios hacia ellos en las redes sociales.
Es innegable que, conforme ha venido aumentando la población venezolana en Colombia, han aumentado sus arrestos, pero eso no quiere decir que la mayoría de los delincuentes en el país son venezolanos. Según la Policía Nacional, en 2017 detuvieron a 376; para 2018, la cifra había ascendido a 2.478; y en 2019 se había duplicado a 4.793. La mayoría habían sido capturados en flagrancia por hurto a comercios, personas, residencias, vehículos, lesiones personales, o estupefacientes. Como muchos de ellos han entrado de manera irregular por las trochas, no aparecen en el registro migratorio. Al no poder identificarlos, por lo tanto, se crea el primer eslabón de una gran cadena de problemas.
“Cuando cualquier extranjero comete delitos, uno va al consulado correspondiente a solicitar información. Si no hay consulado correspondiente, va a un consulado aliado de ese país y el consulado tramita esa solicitud”, explica Christian Kruger, exdirector de Migración Colombia. Pero, incluso antes de que se rompieran formalmente las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, en febrero de 2019, en el consulado venezolano “no daban respuesta tampoco”.
La Policía Nacional habla de “cooperación nula” con el gobierno venezolano y aunque la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol para Colombia realiza solicitudes a su oficina análoga en Venezuela, esta no está obligada a dar respuesta.
Según el intendente Heber Yesid Rojas, jefe de comunicaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, “es ahí donde se tiene el problema, porque al momento de no poder establecer la plena identidad de estas personas, el sistema judicial les da libertad de manera inmediata. Por otra parte, cuando el delito comporta medida de aseguramiento tenemos la boleta de detención de estas personas, pero el Inpec [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario] no recibe a los privados de la libertad sin su plena identidad”.
Esta situación empezó a generar una idea peligrosa de impunidad total. “Había una molestia de las diferentes autoridades, porque decían: ‘oiga, es que a los colombianos los están condenando y a los extranjeros no’”, dice hoy Kruger. Y añade que empezaron a detectar que los delincuentes colombianos se empezaron a “indocumentar”, haciéndose pasar por venezolanos para que no los procesaran. Intentaron hacer un proyecto piloto de identificación alternativo con los que eran capturados en flagrancia. “Se les daba un carné, un documento, como un acta de constancia. Algunos jueces la aceptaban, otros no. Eran pañitos de agua tibia”.
Propuesta indecente
En varias de las Mesas Migratorias (reuniones para articular la respuesta de Migración Colombia con todas las instituciones, nacionales, regionales, locales) y en otros espacios o discusiones privadas, algunos funcionarios públicos empezaron a pedir que, a los extranjeros que arrestaran y que no podían identificar ni procesar penalmente, los sacaran de inmediato del país, dejando de lado la primera línea del artículo 100 de la Constitución: “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos.”
La idea de utilizar una medida administrativa, como la expulsión, para lidiar con un problema de seguridad, que normalmente debe resolverse dentro del sistema penal, fue tomando fuerza y, al menos en Bogotá, se tomaron acciones concretas para implementarla.
Hubo varias reuniones en las que discutieron el problema y una posible solución. En ellas participaron Henry Corredor —director regional Andina de Migración Colombia—, el secretario de seguridad distrital de Enrique Peñalosa, Jairo García (hoy viceministro de Defensa), y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), representada por la exdelegada de Derechos Humanos, la coronel Sandra Mora.
A mediados de agosto de 2019, Migración Colombia le pidió a la Mebog habilitar un espacio al interior del Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda, una zona industrial de la capital. Necesitaban un lugar para tenerlos mientras «se dispone de su libertad inmediata para la aplicación de medidas migratorias, en especial su expulsión de territorio nacional». La Policía aceptó habilitar la celda pero Migración Colombia debía encargarse de la comida de los detenidos.
Entre los antecedentes que el documento que da origen a esta nueva estrategia expone, se explica que “es por los extranjeros que ha aumentado la criminalidad y que según Fiscalía, en 2018 y 2019 se identificó que a muchos de los capturados no les imponen medidas migratorias de expulsión: lo que hace que estos extranjeros sigan en Colombia y sean reincidentes en realización de conductas punibles o contrarias a la convivencia ciudadana».
Dice el documento, entre los procedimientos descritos, que a algunos se les entregará su notificación y documentos para que “abandonen el país” (este sería un procedimiento de deportación). Luego señala que: “en los casos de reincidencia, o de aquellos extranjeros de mayor riesgo, de mayor connotación mediática, se dispondrá su traslado por funcionarios de Migración Colombia, al Aeropuerto El Dorado [que sirve a la ciudad de Bogotá], con el fin de hacer efectiva la medida de expulsión impuesta”.
Expulsiones en ascenso
Existen distintas causales para ordenar la expulsión de un extranjero: tener o procurar documentos o visas falsas, o no haber cumplido con órdenes de deportación previas, por ejemplo.
La mayoría de los delitos comunes cometidos por los migrantes en Colombia no justifican una medida de expulsión, pues no se corresponde con las causales típicas (ver tabla). Pero hay “otras expulsiones” —así las llama el decreto 1067 de 2015— que son discrecionales y que están contempladas en el mismo decreto: “Los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o tranquilidad social…..”. También se incluye en este artículo a quienes tengan una orden de captura de otro país o circular de Interpol.
Este tipo de expulsiones discrecionales no es nuevo, como bien lo explica la periodista Mary Luz Vallejo en un reciente informe para el sitio de Internet de Los Danieles. Se han utilizado en Colombia desde el siglo XIX y XX como una medida contra extranjeros que se consideran peligrosos o “perniciosos” por el tipo de actividad que realizan: agentes o espías, mercenarios, agitadores políticos (muchos de ellos de izquierda); después de los atentados del 11S en Estados Unidos, se han utilizado mucho contra terroristas o líderes de bandas criminales transnacionales, por ejemplo.
Pero la mayoría de extranjeros detenidos en Colombia no representaban un peligro para la seguridad nacional y este tipo de expulsiones no eran frecuentes. Hasta estos últimos años, sin embargo, cuando han pasado a ser no solo muy comunes, sino mayoritarias.
Migración Colombia decidió omitir las expulsiones discrecionales de su respuesta a un derecho de petición enviado a mediados de junio para conocer las cifras. Respondió que en el 2021 solo habían ocurrido 64, y que las causales eran las ordinarias (ver la tabla). En una respuesta posterior, (que la Policía Nacional le rebotó para que contestara) dio una cifra distinta: durante el primer semestre habían ocurrido 785 expulsiones. Y en un informe de gestión que es público, la cifra total de expulsiones es de 685.
Aunque la entidad no aclaró por qué había diferencias en sus respuestas e informes, estos datos, más completos y oficiales, están en la intervención que presentó la organización Dejusticia ante la Corte Constitucional, en el caso de la expulsión de los 59 venezolanos, que fue seleccionado por el magistrado Alejandro Linares para revisión, luego de que siete de ellos presentaron una tutela contra la medida.
Según Dejusticia, “las cifras de la Unidad Administrativa Migración Colombia muestran que las expulsiones de carácter discrecional se han convertido en la regla general y no la excepción, pues pasaron en 2015 de representar el 16% del total de las expulsiones al 94% en 2020. En otras palabras, en los últimos 5 años las expulsiones discrecionales aumentaron en un 728% pasando de ser 190 en 2015 a 1573 en 2020”.
- Si bien todos los Estados tienen la potestad de expulsar de su territorio a personas que consideren peligrosas para la seguridad nacional, tienen que justificar su decisión.
El Relator Especial de la ONU para los migrantes, Felipe González Morales, ha expresado en sus informes preocupación porque los Estados invocan la seguridad nacional o el orden público —conceptos que pueden ser vagos y subjetivos— para «practicar expulsiones, en vez de procedimientos de extradición sujetos a control judicial».
Lo que estas cifras de expulsiones discrecionales sugieren es justamente que el Estado colombiano empezó a abusar de la facultad discrecional que tiene ante los extranjeros, en especial los venezolanos, para tratar de enfrentar un problema de inseguridad local y cotidiano, de percepciones complejas, y de mal manejo político y diplomático con el país vecino.
Y si bien esas cifras de expulsiones discrecionales han ido aumentando paulatinamente, también ha habido ciertos picos donde en un solo mes, noviembre de 2019, hubo 186. ¿Qué pasó en noviembre del 2019? El Paro Nacional.
No lo vamos a permitir
Cuando un puñado de abogados, profesores de derecho de la Universidad de Los Andes de Bogotá, creó la Clínica Jurídica para Migrantes, a mediados de junio de 2019, no se imaginaron todo lo que tendrían que hacer, cinco meses después, para intentar defender a varios venezolanos detenidos en las calles, acusados de poner en riesgo la seguridad nacional durante los días de paro de 2019 y expulsados del país sin la posibilidad de defenderse, porque como lo dice su decreto: “Contra la decisión de expulsión no proceden los recursos».
La única opción que les quedaba era intentar una acción de tutela -el equivalente en Colombia a un amparo constitucional-, que no ha prosperado en muchos casos, porque, como lo señala la abogada Carolina Moreno: “Los jueces de tutela se mueren del susto cuando es un tema de seguridad nacional.”
Muchos colombianos parecían estar de acuerdo con esas medidas de expulsión, y no se preguntaron si eran justas o injustas, porque desde mediados del 2019 habían estado escuchando que el peligro acechaba, que los gobiernos de Cuba y Venezuela buscaban desestabilizar a toda la región, luego de formular un plan para ello, durante la Conferencia del Foro Social de Sao Paulo que se celebró el 24 y 25 de julio de 2019, en Caracas.
Así lo advirtió la misma vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el 3 de octubre de 2019, en su discurso para celebrar los 170 años del partido Conservador colombiano: “...estamos viendo toda una estrategia que, desde el Foro de Sao Paulo, tiene la pretensión de tomarse ni más ni menos que todo este hemisferio, de tomarse ni más ni menos que todas estas democracias……..” Los políticos del Centro Democrático, entre ellos su líder, el expresidente Álvaro Uribe, respaldarían esa idea con sus trinos y declaraciones.
A los pocos días comenzaron las protestas masivas en Ecuador y el estallido social en Chile, y el gobierno venezolano aprovechó la oportunidad: el presidente Maduro dijo que el plan que se habían trazado en el Foro Social de Sao Paulo iba muy bien, y Diosdado Cabello, el oficioso número dos de la jerarquía chavista, celebró que la “brisita bolivariana” estuviera recorriendo el continente y pronto sería una “ventolera” y luego un “huracán”. Ambos dieron esas declaraciones en eventos específicos frente a las bases chavistas, que celebraron ese tipo de anuncios y gritaron ¡Victoria! con el puño alzado.
Algunos medios de comunicación y líderes opositores venezolanos interpretaron esos anuncios para la tribuna, sin lugar a dudas, como una confesión. Otros, además, saltaron a reforzar la teoría conspirativa.
Julio Borges, el canciller de Juan Guaidó exiliado en Colombia, convocó a una rueda de prensa en la que dijo tener información de inteligencia de que había un plan desestabilizador en marcha para 16 países de la región, entre ellos Ecuador, donde habían capturado a venezolanos pagados por crear el caos en las calles de Quito y que les habían pillado con información sobre la “localización” y desplazamientos del presidente Lenin Moreno.
Más allá de cuánta verdad hubiera en todo eso, en medio de ese clima de zozobra, los sindicatos, organizaciones sociales, indígenas, estudiantes, entre otros, convocaron en Colombia a una jornada de Paro Nacional el 21 de noviembre de 2019. Y antes de que alguien pusiera un pie en la calle para marchar, antes de que alguien gritara la primera consigna, tirara una piedra, una molotov, o rompiera una vitrina para saquear, la Policía Nacional ya estaba haciendo allanamientos y Migración Colombia anunciaba las primeras inadmisiones de extranjeros y expulsiones para evitar que se materializara la supuesta conspiración.
“¡No lo vamos a permitir!”, alertó el ex director de Migración Colombia, Christian Kruger, al anunciar que habían sacado del país a los primeros nueve extranjeros, pero que ya tenían identificados a otros 11 e iban por ellos. “¡No lo vamos a permitir!” Lo dijo varias veces, de manera reiterada, en todos los tonos, ante varios escenarios y en distintas entrevistas con periodistas y medios de comunicación por esos días. “El desorden en la región le ha dado éxito a Maduro para distraer la presión en Venezuela. Son varias coincidencias, la audiencia se puede formar su propia idea de donde viene todo esto,” dijo Kruger.
Esa “audiencia” estaba en pánico ante el caos en las calles y la supuesta amenaza venezolana. Por las cadenas de Whatsapp y por el Facebook y Twitter enviaban mensajes sobre supuestas hordas de atracadores del país vecino que estaban entrando a los conjuntos cerrados, y los vecinos montaban guardias, armados con palos de escobas, bates y raquetas, o cualquier objeto que sirviera como arma de defensa.
Las barras bravas futboleras anunciaron que iban tras los vándalos extranjeros, y en la calle 38 sur, un sector al lado de la plaza de mercado de Corabastos donde muchos migrantes han llegado a rebuscarse la vida, lanzaron piedras y palos destruyendo la fachada de un burdel donde trabajaban varias prostitutas venezolanas.
Algunos domiciliarios y bicitaxistas fueron agredidos, a otros los amenazaron con quemar sus negocios y emprendimientos. Y en medio de esos días de marchas y protestas por razones muy variadas, hubo quienes también quisieron convocar a una marcha contra los venecos.
En medio del caos, la policía empezó a arrestar a ciudadanos venezolanos, sin que mediaran en muchos casos órdenes de captura o fueran pillados cometiendo delitos en flagrancia.
Una de las primeras detenciones sería la de Miguel Angel Calderón, un trabajador de delivery que quiso hacer un video con su teléfono para mandarle a su esposa, sobre la forma como estaban reforzando la seguridad frente a la entrada del conjunto residencial donde vive la familia del presidente Duque en el norte de Bogotá.
Un integrante del esquema de protección presidencial terminó llevándolo a un CAI (Comando de Atención Inmediata) de la policía y luego de varias horas de interrogatorio, sería trasladado a la sala del CTP de Puente Aranda para extranjeros, donde vería cómo entraban decenas de compatriotas.
“Yo nunca había estado en una celda, en mi vida. Me llevan allá y esa noche empiezan a llegar más y más. Como que había una orden para remolcar venezolanos. Eso fue una cacería de brujas, de gente que estaba volviendo del trabajo, gente sentada al frente de su casa”, dice Calderón.
En el libro de registros que lleva la Policía de todos los que ingresan y salen de esa sala, quedaron anotados sus nombres y cédulas, y también dos comentarios de quienes estuvieron como custodios: Migración Colombia no les llevaba comida.
Algunos de los que entraron a esa sala, aseguraron haber caído en una redada u operación de la Policía Militar, que salió de casco, camuflado y fusil a patrullar la calle 38 sur de la capital, donde el día anterior se habían presentado saqueos a una megatienda de supermercados Surtimax.
“Nos pedían la cédula: ‘¿Venezolano? Vas pa’ arriba’”, cuenta uno de los 59 expulsados sobre la manera como los pararon en la calle y luego les ordenaron subirse a un camión. Otro de ellos cuenta que iba caminando con su jefe colombiano. Luego de pedirles papeles, a su jefe lo dejaron libre, pero a él se lo llevaron.
En la celda, esa noche, todos iban compartiendo anécdotas de dónde y cómo y cuándo habían sido detenidos por la policía: no importó que algunos tuvieran su PEP vigente, o que acabaran de llegar de Caracas horas antes, que estuvieran comprando el desayuno, o yendo a hacer un mandado, o anduvieran en chanclas o cholas.
Otros agentes con chalecos verdes llegaron a un “pagadiario” -como les dicen a las residencias donde los migrantes pagan a diario por su habitación- en el mismo sector de Patio Bonito. Entraron por la puerta, subieron a las habitaciones e interrumpieron el clímax amoroso de un chico con su novia. Ellos y otros salieron con las manos en alto de la casa. Cuando un patrullero se dio cuenta de que en la azotea de enfrente había alguien grabando, lo que es permitido según el propio Código de Polícia, también se lo llevaron.
Ninguno de esos casos, todos ocurridos entre el 23 y 24 de noviembre de 2019, aparece registrado en el sistema de la Policía Nacional como una “detención”. Según la respuesta de la entidad a un derecho de petición que buscaba conocer la cifra total de extranjeros detenidos en Colombia, en el marco de las protestas por esos días, solo hubo siete, todos en flagrancia: cinco en Bogotá y dos en Pasto, ciudad del departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, fronterizo con Ecuador. Seis de ellos eran venezolanos y uno peruano.
Es posible que no aparezcan en el sistema como capturas porque a varios les impusieron una medida conocida como “traslado por protección temporal”, que no es un arresto en sí, sino una figura distinta utilizada para lidiar con personas que están en estados alterados, por distintos motivos, y no es conveniente que estén en el espacio público.
La policía se los lleva, pero deben ser liberados a las 12 horas.
En varios de los formatos de TPP de estos venezolanos, dicen que la razón por los cuales son llevados a los CAI es porque “presentan comportamiento agresivo o temerario”, pero varios de ellos dicen que firmaron los formatos sin darse cuenta de que esa era la causal que el patrullero había improvisado como justificación para llevárselos.
A través de un derecho de insistencia, se le pidió a la Policía que explicara cuántos “traslados por protección” había hecho de ciudadanos venezolanos durante esos días, pero el organismo de seguridad no contestó ni el derecho de insistencia, ni otras preguntas puntuales que fueron enviadas antes de publicar este reportaje. Se sabe, sin embargo, que unas 1,662 personas fueron “trasladadas” a los CTP durante los días del paro, porque así se lo dijo el mismo director de la Policía, en ese entonces, Oscar Atehortua, a Human Rights Watch (HRW), que incluyó en su informe sobre el paro de 2019, un comentario sobre cómo habían abusado de esta medida: “En algunos casos, los policías emplearon indebidamente una disposición del derecho colombiano que autoriza a la Policía a ‘trasladar’ a una persona a un ‘centro asistencial o de protección’ para ‘su protección’ o la de terceros.”
Fue justo a las afueras del CTP de Puente Aranda que los abogados de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de Los Andes, y también de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como Opción Legal o Dejusticia, conocieron a varios de los familiares de los venezolanos que estaban detenidos allí.
El único de todos ellos que logró reunirse con una abogada —Carolina Moreno— y otorgarle un poder para que lo representara fue Miguel Angel Calderón, el presunto espía venezolano.
La abogada logró frenar su expulsión—al menos temporalmente— con una acción de tutela, pero los otros 59 venezolanos que habían estado recluidos en la misma celda, salieron a la madrugada del 25 de noviembre para la base aérea de Catam, donde abordaron un avión Hércules, con destino a Puerto Inírida, capital del Departamento del Guainía, la ciudad colombiana más cercana a la Estrella Fluvial del Orinoco y de San Fernando de Atabapo, en el estado venezolano de Amazonas.
El avión terminó desviándose hacia Puerto Carreño, en el Departamento del Vichada, también ribereña del Orinoco y cercana a la confluencia entre este y el Meta, porque los habitantes de aquella otra ciudad se enteraron por los noticieros de la mañana, a los que invitaron a filmar todo el show de la expulsión colectiva (aunque es prohibido en el derecho internacional humanitaria hacerlo así) que los “vándalos venezolanos” iban en camino, y bloquearon la pista del aeropuerto.
En Puerto Carreño también se encontraron con una protesta xenófoba de ciudadanos, que atacó con piedras y palos un camión que los sacó del aeropuerto. Finalmente, fueron transportados en lanchas de civiles, no de la Armada, y fueron abandonados en la otra orilla del río Orinoco.
La historia se repite
Ha sido más difícil seguirle la pista a los casos de expulsiones de venezolanos durante los días de paro del 2021, pero eso no significa que no hayan ocurrido, en medio de una narrativa xenófoba y de chivo expiatorio que se volvió a reactivar apenas empezaron las protestas y los bloqueos.
El alcalde de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, fue el primero en señalar a los venezolanos de estar detrás del vandalismo, los saqueos y destrozos en su ciudad. “Amor con amor se paga, ustedes nos recibieron en los años 70, bienvenidos a nuestra sociedad colombiana. Pero no pueden estar en vandalismo y aquel venezolano identificado en vandalismo debe ser deportado de inmediato”, dijo.
El ministro de Defensa, Diego Molano, habló de una supuesta Operación Avispa en la autopista norte, a la altura de las poblaciones de Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá: “La información de inteligencia y de gente de la comunidad es que hay presencia fuerte de venezolanos…”.
Los políticos también contribuyeron a la estigmatización: el exalcalde Enrique Peñalosa y el excandidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, al salir de una reunión en el Palacio de Nariño, sede de la presidencia de Colombia, dijeron que no quedaba dudas que detrás de todo el terrorismo y la destrucción de esos días, en varias ciudades, estaban personas enviadas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para sembrar el desorden.
Los ciudadanos no se quedaron atrás en las redes sociales y compartiendo mensajes por whatsapp: los venezolanos estaban llegando en buses contratados para ir a causar destrozos, los venezolanos habían incendiado ambulancias y cobraban peajes en los bloqueos de las vías, los venezolanos habían secuestrado el Transmilenio que terminaron chocando en el sur de Bogotá, los venezolanos estaban vandalizando las estaciones y eran los protagonistas de los saqueos a tiendas y supermercados. Los venezolanos estaban provocando la escasez. Los venezolanos eran los responsables de que muchas personas, incluidas algunas de la tercera edad, no pudieran vacunarse contra el covid. Los venezolanos eran los culpables de que una mujer perdiera al bebé que había dado a luz en una ambulancia, que quedó atrapada en un bloqueo.
Pero las cifras desmienten la narrativa de que los culpables de todo el caos eran los venezolanos.
El general Jorge Luis Vargas, actual director de la Policía Nacional, dijo que, para el 3 de mayo de 2021, habían capturado a 431 personas (417 en flagrancia) y habían aprehendido a 34 menores de edad cometiendo delitos. De los capturados, 97 habían sido presentados en audiencia de control de legalidad, entre ellos solo 15 extranjeros, de los que 14 eran venezolanos. Es decir, 3,2 por ciento de todos las personas que hasta esa fecha habían bloqueado las vías, causado destrozos, atacado a la Policía, o saqueado y habían sido detenidas, eran de origen venezolano.
En un derecho de petición, la Policía luego aclaró que el número total de venezolanos capturados en flagrancia entre el 28 de abril, que fue cuando comenzaron las protestas de 2021, y el 5 de julio, fue de 30 personas.
Fueron capturadas en diferentes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, pero ninguno fue detenido en Gachancipá, donde hubo bloqueos graves y donde el ministro Molano dijo que había existido la famosa Operación Avispa.
Sin embargo, hasta Gachancipá llegaron unas patrullas de Migración Colombia y se llevaron a un muchacho de 22 años, un caminante que, junto a su pareja de 21, y dos niños, uno de cuatro y una bebé de dos años, estaba durmiendo debajo de un puente peatonal. Días después, sería expulsado, sin que le mostraran evidencia alguna de que había participado en las protestas y bloqueos.
“Yo pedí que me enseñaran los videos, yo quería ver las pruebas que decían que tenían. Lo único que podían tener de mí en el bochinche era cuando me había metido a correr las llantas que se estaban quemando, porque el humo pegaba dentro del cambuche, y los niños se estaban ahogando”, dice el muchacho.
Las respuestas y las no respuestas
Antes de publicar este reportaje se buscaron entrevistas y respuestas, tanto de Migración Colombia como de la Policía Nacional, que son las instituciones que han participado de manera conjunta en este tipo de procedimientos. Ninguna de las dos instituciones aceptó una entrevista, y tampoco contestaron todas las preguntas enviadas por escrito.
Sus posturas han quedado claras, sin embargo, ante los jueces, en los procesos de tutela que han interpuesto algunos de los expulsados y sus abogados, alegando que se han violado, al menos, dos derechos: al debido proceso y a tener una familia y no ser separada de ella.
De ellas se desprende que ninguna de las entidades asume la responsabilidad porque se la rebota a la otra: La Policía pide que la saquen de la acción de tutela, ya que la decisión de expulsar a un extranjero es competencia única de Migración Colombia. Y Migración Colombia dice que todas sus decisiones están basadas en los informes de inteligencia remitidos por la Policía.
Las dos argumentan que nunca han violado el derecho al debido proceso y que frente a los derechos de los niños y a tener una familia, la seguridad del país está primero.
En su respuesta ante el Juzgado 63 Penal Municipal con Control de Garantías por el caso de tutela de Miguel Angel Calderón, la Policía, además, alega el principio de autonomía, soberanía, y de reciprocidad. y recuerda que “en el año 2015 la Guardia Nacional Bolivariana expulsó sin ningún recato a cientos de miles de colombianos de la frontera con Venezuela, marcó sus casas, y los echó sin retorno, destruyendo en aquel triste episodio los hogares de cientos de niños, y en tal situación, no hubo ninguna acción interna, ni internacional que imposibilitara tal procedimiento cruel, inhumano y degradante, y la sociedad internacional justificó el actuar de ese procedimiento sobre la base de la soberanía Estatal. En ese entonces, se justificó la medida de expulsión sobre la base de que los colombianos allí residentes eran miembros de grupos paramilitares que ponían en inestabilidad el régimen dictatorial, sin ningún soporte probatorio, adoptando una medida de expulsión de facto”.
Completa diciendo que, a diferencia del país vecino, la expulsión de los venezolanos en Colombia “se adopta sobre la base de justas causas de investigación”.
El problema es que no existe manera de verificar el contenido de esas investigaciones, que son la base de todo.
Aunque Migración Colombia es la que toma la decisión, no hace ninguna verificación de los informes, primero porque no es su competencia; segundo, porque no se atreven a poner en duda ni a la Policía, ni al Ejército, ni a ninguna otra autoridad de inteligencia.
Según Kruger, «si yo como director regional (y son los directores regionales los que deciden) recibo un informe de la autoridad correspondiente, donde me dicen: ‘esto y esto y lo otro’, seguramente tomaría la misma decisión y se volverá a tomar la misma decisión. Lo que no puede pasar es que uno empiece a dudar de las instituciones”.
El 25 de noviembre de 2019, el mismo Kruger dio una rueda de prensa y aseguró que la información de inteligencia que había recibido su institución “muestra claramente que puede afectarse la seguridad de nuestro país”.
Como era reservada no podía dar detalles al respecto, pero aclaró que “en una resolución de expulsión no aparece el asunto de fondo, eso lo tenemos consagrado en un informe de inteligencia o de seguridad. En el momento en que sea demandada esa medida, nosotros le transmitimos ese informe al juez para que comprenda que la medida que se tomó no es desproporcionada».
Pero esos informes de inteligencia —valga recordar que no se consideran prueba judicial— no están en los expedientes de los casos demandados para que los jueces, en efecto, puedan determinar si la medida se justifica o no.
En el expediente de Miguel Angel Calderón lo que hay es un oficio del patrullero Oscar Eduardo Cáceres Jaimes, Integrante del CAI , a donde lo llevaron por hacer el video en vía pública.
En los expedientes de siete de los 59 que pusieron una tutela, lo que aparecen son los formatos de traslado por protección temporal elaborados por distintos patrulleros de la Policía.
De las resoluciones de expulsión (con excepción de cinco casos, en donde la razón es el hurto, y tres vienen remitidos por parte de la Fiscalía) llaman la atención varias cosas.
“Los migrantes no conocen sus derechos, los funcionarios no saben cómo tienen que respetarlos”
La primera es que la mayoría presentan el mismo formato, o uno muy similar, en el que hacen referencia a un oficio enviado por el capitán Andrés Mauricio Moreno Guerrero -SIJIN/Jefe de Crimen Organizado-MEBOG- que señala: ”Fue capturado al encontrarse presuntamente generando actividades y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana durante el paro nacional, causando daños, afectación al orden público, perjuicios materiales a los sistemas de transporte masivo e infraestructura, así mismo, esta persona fue señalada por la comunidad de cometer hechos punibles tal como agresiones a servidores públicos, saqueos y hurtos”.
Dice que fueron “capturados”, cuando las mismas órdenes de traslado de protección temporal demuestran que ninguno de los siete que pusieron la tutela fueron detenidos en flagrancia. Todas indican que “presuntamente” se encontraban generando actividades contrarias a la convivencia ciudadana, es decir, no está ni probado ni demostrado. Y dicen que la persona fue “señalada por la comunidad”.
Esto resulta muy problemático en medio de un ambiente xenófobo.
Incluso, como lo reconoce Kruger, es muy común que a Migración Colombia lleguen anónimos presentando quejas contra ciudadanos extranjeros, que, en muchos casos, provienen de parejas o exparejas resentidas, y es deber de Migración verificar la denuncia, a veces con apoyo de la Policía, antes de imponer una sanción.
Pero esas verificaciones no pueden hacerse en plazos tan cortos, como son las 36 horas antes de que deba hacerse la expulsión.
En el mundo ideal, los migrantes, los funcionarios, la Policía, los fiscales y jueces sabrían muy bien cuáles son sus derechos y deberes, y estarían actualizados sobre la manera como ha avanzado la jurisprudencia, tanto a nivel internacional como nacional, al respecto.
Pero la realidad es muy distinta: los migrantes no conocen sus derechos, los funcionarios no saben cómo tienen que respetarlos y los jueces ignoran que existen sentencias y casos de otros países llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestionan y condenan este tipo de procedimientos y señalan que, aunque se invoque la seguridad nacional y la soberanía, no se puede confundir discrecionalidad con arbitrariedad y que tiene que haber un grado de proporcionalidad entre el presunto delito cometido y la sanción.
Una expulsión es una sanción fuerte, que además implica unos costos considerables al Estado (toda la logística de transporte para los expulsados y sus custodios hasta un paso fronterizo, por ejemplo). Puede terminar desbaratando una familia porque la persona no puede volver al territorio en cinco o 10 años y, si quiere retornar al país después de tantos años, debe solicitar una visa primero (mientras no haya relaciones, no habrá consulados de Colombia en Venezuela donde pueda tramitarla).
Si esa persona decide volver por las trochas —como ocurre con frecuencia, haciendo inútil la expulsión— corre el riesgo de que, si lo capturan en territorio colombiano, vaya directo a la cárcel. Si no lo descubren, estará condenado a la irregularidad, porque aunque su expulsión haya sido injusta, tampoco podrá recibir el nuevo Permiso por Protección Temporal que tanto enorgullece al presidente Duque.
https://armando.info/expulsiones-el-lado-oscuro-de-la-politica-migratoria-colombiana/
