La inmigración venezolana en Chile y la no tan nueva Ley migratoria / Daniela Monroy
La Silla Vacía.- El flujo migratorio desde Venezuela ha irradiado a todo Suramérica. Chile es el tercer país más escogido por los venezolanos como destino, llegando a alojar 457.324 migrantes y refugiados a enero del 2021, según la plataforma R4V.
En «Encuentro con la migración», programa de radio del Observatorio de Venezuela, entrevistamos a Matthias Erlandsen, chileno, periodista y estudiante de doctorado, para conocer la visión local de la situación migratoria venezolana en Chile. Nos relata que la población de Venezuela llegó al país en el contexto de una legislación migratoria vigente desde hace cuarenta años -Decreto Ley 1.094 de 1975, implementado durante la dictadura Pinochet- que concibe la inmigración desde una perspectiva de seguridad nacional: es decir, es una norma que buscaba vigilar las fronteras limitando la entrada de extranjeros. Más allá de ello, no establecía la titularidad de derechos y deberes por parte de los inmigrantes, puesto que, al igual que Colombia, Chile ha sido tradicionalmente un expulsor de migrantes y se enfrentó a la recepción de población foránea a gran escala apenas desde hace una década.
En esa circunstancia, en mayo de 2013 el entonces presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley de Migraciones y Extranjería con el propósito de promover la migración regular como ruta hacia la integración y la seguridad nacional, percibiendo la migración irregular como perjudicial para la sociedad receptora a causa de la competencia desleal por empleos y la marginación por formación de guetos.
Ese proyecto de ley estuvo suspendido hasta que se reactivó su trámite en el Congreso chileno en 2020, cuando fue mayormente impulsado aprovechando el segundo periodo presidencial de Piñera. Se ha hecho popular su política de “ordenar la casa” en un contexto de mayor llegada de migrante -incluso irregular-, y de una crisis económica por la pandemia. Piñera mantiene el discurso de que la inmigración «ilegal» es nociva tanto para los chilenos como para los propios inmigrantes y que el aumento de su entrada al país en años anteriores ha causado descontrol. Si bien Chile se ve envuelta ahora en un mundo globalizado en que la movilidad humana es habitual y constante, esta reforma migratoria, al igual que el decreto de 1975, sigue securitizando la llegada de extranjeros al endurecer las medidas de control fronterizo y carece de un enfoque de Derechos Humanos que logre adecuarse a las condiciones en que llegan esos extranjeros.
Esta narrativa se materializa en la exigencia de la Visa de Responsabilidad Democrática a ciudadanos que buscan radicarse en Chile, que es una visa de residencia temporal válida por un año y prorrogable por el mismo tiempo. Solo se otorga presencialmente en los consulados chilenos en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz en Venezuela. Estas son circunstancias inflexibles a la realidad socioeconómica de gran parte de los migrantes y la necesidad de regularizar con urgencia su situación migratoria. De igual forma, no se ajustan a la restricción de viajes por consecuencia de la pandemia.
A pesar de que las grandes ciudades chilenas que reciben la migración se han visto en dificultades para suplir la creciente demanda de bienes y servicios e impulsar una verdadera integración, es Colchane la región que en las últimas semanas viene sufriendo una crisis. Un pequeño pueblo al norte de Chile de apenas 1.800 habitantes que, en su mayoría, pertenecen el pueblo indígena aymara y que limita con la localidad boliviana de Pisiga.
Recorriendo la ruta migratoria más usual para llegar a Chile, los venezolanos salen de su país a Cúcuta, atraviesan Colombia hasta llegar a Ipiales, pasan a Ecuador, siguen hasta Zarumilla, Tumbes y Tacna en Perú y luego atraviesan el paso de Chacalluta hacia Arica en Chile. Sin embargo, en ese paso por el sur de Perú están los «coyotes» o traficantes de personas cobrando por transportar hasta Chile a quienes están indocumentados. Evitándolos, los migrantes siguen hacia el sur hasta Colchane donde la frontera está menos custodiada, especialmente en las noches, cuando la temperatura baja sustancialmente en pleno desierto de Atacama y a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Los migrantes que optan por esta variación en la ruta se han acrecentado desde marzo de 2020.
Enero y febrero de este año sorprendieron a la pequeña comuna de Colchane con la llegada de un flujo migratorio que duplicó su población en tiempo récord, que consta tanto de venezolanos como de colombianos, cubanos, dominicanos, haitianos, entre otros. Por la baja densidad poblacional de Colchane, la oferta de alimentos y servicios como el de salud ─aunado a que no da abasto por la pandemia─, está desbordada. Los migrantes duermen en las calles de la localidad resguardándose del viento, frío y calor extremos y del agotamiento por llevar largas temporadas caminando, algunos de ellos han muerto antes de llegar a Chile. Las aglomeraciones, la presunción de que extranjeros llegan con covid, las acusaciones de que los migrantes han cometido hurtos y las diferencias entre las culturas foráneas y la cosmovisión indígena local han generado tensiones con la comunidad receptora.
La situación se agravó el primero de febrero, cuando trescientos ciudadanos venezolanos intentaron cruzar la frontera chilena de forma irregular y el Ejército y los Carabineros lo impidieron. Las medidas se endurecieron aún más cuando el gobierno chileno expulsó vía avión militar a 138 migrantes, entre los que había venezolanos y colombianos, por cruzar la frontera de forma irregular. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de la ciudad de Iquique anuló la expulsión de 51 de ellos por no apegarse al debido proceso, aunque la Corte Suprema de Chile ratificó la decisión del Ejecutivo.
El alcalde de Colchane, Javier García, ha solicitado ayuda del gobierno chileno. Incluso del gobierno de Bolivia. Ha tenido una tensa relación con la administración Piñera, a la que acusa de improvisar en el manejo de la crisis en la comuna y que las medidas creadas para ello, compiladas en el «Plan Colchane», del talante de electrificar para fortalecer el control fronterizo, no estuvieron concertadas con la comunidad y se habían propuesto anteriormente.
Resta observar la aplicación práctica de la nueva ley migratoria en Chile posterior a su entrada en vigor, y si el enfoque que tiene de la inmigración, donde se tiene mínimamente contemplada la atención humanitaria al fenómeno, basta para suplir las complejidades que se viven en Colchane. Incluso, teniendo en cuenta que a este contexto se suman las tensiones sociales que se han consumado en las protestas masivas de octubre de 2019 y la atención de la opinión publica en el proceso de redacción de la nueva Constitución.
