Nicolás Maduro extiende la represión a las organizaciones sociales / Txomin Las Heras
El Espectador.- El gobierno de Venezuela no sólo ha perseguido a la oposición, ahora ha emprendió una fuerte ofensiva contra organizaciones sociales y los pocos medios independientes que quedan en el país.
Después de haber llevado a cabo una amplia ola represiva por varios años contra la oposición venezolana que mantiene en la ilegalidad a algunos de los principales partidos políticos o secuestrados a través de subterfugios legales a otros, presos o exiliados a sus dirigentes y vetados a sus representantes en los medios de comunicación, el gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido una fuerte ofensiva contra las organizaciones sociales y los pocos medios independientes que hacen vida en Venezuela.
Las organizaciones sociales han venido adquiriendo en Venezuela un creciente protagonismo, al suplir las carencias gubernamentales, lo que las ha llevado a adquirir un liderazgo y visibilidad que poco ha debido gustar a Nicolás Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).Este fenómeno se ha producido en medio de una profunda crisis que se refleja claramente en graves deficiencias del Estado para atender, por ejemplo, necesidades básicas de la población en el campo de la salud y la alimentación. El debilitamiento de los partidos de oposición también ha jugado un papel importante en la visibilización de los actores sociales.
Que esta arremetida contra las oenegés venezolanas se haya producido en torno a la celebración de las elecciones parlamentarias no es mera casualidad. Con la celebración de estos cuestionados comicios, el presidente Maduro ha buscado retomar el control del único poder que ha estado en manos de la oposición después del histórico triunfo obtenido por esta en diciembre de 2015. Este proceso finalmente desembocó en la designación del presidente del parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino. Una espina que querían sacarse.
El cantado triunfo parlamentario de los herederos de Hugo Chávez, por cuestionado que haya sido, seguramente los ha hecho sentirse fuertes y, en medio del envalentonamiento, la coyuntura habrá sido vista como una excelente oportunidad para ir haciendo a un lado a organizaciones sociales que muestran el fracaso del proyecto chavista y que constituyen piedras disonantes en el camino de creciente autoritarismo que ha emprendido el gobierno venezolano.
¿Quiénes han sido las víctimas de esta nueva oleada represiva?
El 20 de noviembre de 2020, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, (Sudeban), conminó a los bancos a que realizaran un riguroso monitoreo de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales para que identificasen a quiénes envían y de dónde reciben fondos. El organismo oficial igualmente limitó el uso de las tarjetas prepagas en dólares, lo que rebaja la capacidad de estas organizaciones para pagar a su personal y realizar actividades.
El 23 de noviembre de 2020, fueron dictadas órdenes de arresto contra seis trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Alimenta la Solidaridad, la cual maneja 239 comedores donde se atienden a 25.000 niños y entrega 1.500 comidas gratis cada día a trabajadores de la salud que brindan asistencia durante la pandemia. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin) allanó su sede en Caracas y Sudeban congeló sus cuentas bancarias para evitar pudieran adelantar las actividades humanitarias. ¿La acusación?: legitimación de capitales y asociación ilícita.
El 8 de enero de 2021 funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ingresaron a dos sedes de la televisora independiente que se transmite por Internet Venezolanos Por la Información (VPItv), en Caracas y se llevaron equipos de transmisión, cámaras y computadoras. Desde entonces el canal televisivo no ha podido seguir realizando sus transmisiones.
El 12 de enero de 2021 fue allanada en Maracaibo por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la sede de Acción Zuliana por la Vida, conocida como Azul Positivo, bajo la excusa de un procedimiento administrativo. Seis de sus directivos, fueron interrogados durante más de seis horas sin orden legal y sin permitirles comunicación alguna con sus abogados. Posteriormente fueron detenidos sin que hasta la fecha hayan sido liberados. Azul positivo es una organización que trabaja conjuntamente con las agencias de las Naciones Unidas en salud preventiva del VIH, violencia de género y asistencia humanitaria a poblaciones de estudiantes, jóvenes, LGBTI, personas excluidas y en situación de pobreza, en el estado Zulia.
Todas estas acciones gubernamentales tienen como precedente unas declaraciones emitidas en noviembre de 2020 por el segundo hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, cuando aún era candidato a la Asamblea Nacional, donde anunció que el nuevo parlamento aprobaría una ley para regular la obtención de fondos internacionales por parte de organizaciones sociales y humanitarias, así como por medios de comunicación.
Quedan pocas dudas sobre la intención del gobierno de Nicolás Maduro de avanzar hacia un modelo totalitario que elimine cualquier posibilidad de disidencia o de protagonismo por parte de sectores diferentes a los que le dan apoyo y sustento. En buena medida, esto dependerá de la capacidad de resistencia de quienes en Venezuela mantienen desplegadas las banderas de la lucha democrática y de la solidaridad social, así como de la presión que pueda seguir ejerciendo la comunidad internacional.
Por cierto, estos días la administración de Joe Biden lanzó un gesto hacia el gobierno venezolano al eximir algunas sanciones a Venezuela para operar con puertos y aeropuertos. Maduro tendrá que pensárselo dos veces si quiere, como lo ha pregonado tras la derrota de Donald Trump, normalizar relaciones con las nuevas autoridades estadounidenses.
* Investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.
