Venezuela comienza el año con mal pie / Margarita López Maya
La Silla Vacía.- El país deja atrás un año nefasto, tanto por la continuidad de la crisis humanitaria compleja y la pandemia, como por el fracaso de las fuerzas opositoras de revertir la crisis política y encontrar un camino para la transición democrática. El año 2021 no presagia mejoras a la situación; más bien, más dificultades y desafíos.
Con relación a su economía, Venezuela está en su cuarto año de hiperinflación, convirtiéndose en la mayor de la historia de América Latina y una de las peores del mundo. Severamente centralizada y controlada por el gobierno, la economía se ha reducido a un 25 por ciento de lo que fue hace cuatro años y los salarios en bolívares, que son los ingresos de la mayoría de la población, se han pulverizado. El salario mínimo ronda un dólar mensual, equivalente a un kilo de harina PAN. Junto a Haití y Honduras es ahora de los más pobres del continente. Según la encuesta Encovi, desarrollada por universidades venezolanas, el 96,2 por ciento de las familias están bajo la línea de pobreza, y más del 60 por ciento en pobreza extrema. La sociedad es profundamente desigual, dividiéndose entre quienes poseen divisas y quienes no. La pérdida de capacidad adquisitiva del bolívar ha producido una dolarización espontánea de la actividad económica, ilegal pero tolerada por el gobierno “antiimperialista”, que centraliza las divisas.
A esta economía en ruinas, se sobrepuso el covid. No hay datos confiables de su evolución, dado que los datos estadísticos y epidemiológicos oficiales están interrumpidos desde 2016, y la información fue tempranamente censurada y centralizada por el Ejecutivo Nacional. Médicos y periodistas han sido sancionados por divulgar información independiente. Así, Maduro sostiene que su régimen tiene una política exitosa en el control de la enfermedad. Sin embargo, cifras y proyecciones reales, de acuerdo a instancias internacionales y otras nacionales, lo desmienten. La Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un informe en mayo donde concluía que las cifras oficiales del covid no eran confiables por la falta de pruebas PCR en el país, la escasez de insumos sanitarios y medicamentos, la censura y la frecuente estigmatización que el gobierno hace de quienes padecen el virus. Las personas prefieren no reportar los síntomas y permanecer en casa hasta sanarse o morir. En septiembre, la Academia estimaba que habría más de 7.000 casos diarios, es decir, siete veces más que la cifra oficial.
El colapso de los servicios públicos también siguió su curso. Apagones eléctricos se hacen más frecuentes, de acuerdo con el Comité de Afectados por Apagones, que registró cerca de 157.719 denuncias de apagones a lo largo del año, contra los 48.211 reportados el previo. Zulia, Táchira y Mérida fueron los estados más afectados. La educación pública continuó su achicamiento y decadencia. Un informe de la Universidad de los Andes (estado de Mérida) señala que las universidades públicas autónomas se encuentran al borde del cierre técnico por factores como la pauperización de los salarios de los docentes (entre 5 y 20 dólares mensuales), ingresos deficitarios, pues el Estado entrega sólo entre 5 por ciento y 30 por ciento de lo que se solicita (que alcanza únicamente para pagar los sueldos miserables del personal). Súmese la persecución a estudiantes y profesores, y la migración masiva del personal docente, que este informe calcula para 2020 en más del 50 por ciento. Actualmente, el aprendizaje en clase está prácticamente extinto y el aprendizaje remoto es casi imposible debido a los frecuentes cortes de electricidad e internet causados por las pésimas condiciones de la infraestructura.
Muchas más cifras podrían darse sobre esta tragedia. Pero en Colombia ellas se conocen bien, por los hondos efectos de la migración forzosa de venezolanos hacia ese vecino y hermano país. Más de cinco millones han cruzado esa frontera lo dicen todo.
Los partidos opositores
Las estrategias desarrolladas por la oposición principal, el conocido G4 (los partidos Primero Justicia, AD, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), que controlaron entre 2016 y 2020 la Asamblea Nacional (AN), tras intentos diversos, no lograron el objetivo de un cambio político para el país. La estrategia entre 2019 y 2020, que fue liderada por Juan Guaidó como presidente de dicha AN, no alcanzó ninguna de sus metas, ni cese de la usurpación, ni gobierno de transición, ni elecciones libres. Adicionalmente, su última decisión política fue la de no participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, por considerar que no había condiciones aceptables, decisión apoyada por EE.UU. y una mayoría nutrida de la comunidad internacional democrática. Como alternativa, organizó una consulta popular, la cual tuvo poco eco. A fines de diciembre y antes de concluir la AN de ese período, los diputados aprobaron algunas medidas para asegurar la continuidad de lo que consideraron la “legítima” AN: la instalación de la Comisión Delegada con unos 25 miembros, pautada en la constitución para cuando hay lapsos de receso legislativo y un Consejo Político, que desarrollará planes a futuro.
El resultado de estas últimas decisiones del G4, que no fue compartida por AD, poco pueden hacer para revertir la cruda realidad, que es que la principal oposición venezolana perdió el último espacio democrático e institucional desde el cual lideró la lucha democrática estos cinco años. Por ello, su dirigencia ha entrado en una condición extremadamente vulnerable dentro del país. Las amenazas de la dictadura, tan pronto sus partidos se posicionaron del parlamento para el período 2020-2026 fueron clarísimas: serían apresados y castigados si no reconocen el fin de sus mandatos. Si bien los aliados internacionales han seguido apoyando a Juan Guaidó como presidente interino, la nueva realidad nacional e internacional, más temprano que tarde, producirá modificaciones también a estos apoyos. Las posibilidades de alcanzar una transición hacia la democracia por ahora se postergan.
Posverdad, cierre de espacios cívicos y diálogo
El gobierno de Maduro ha iniciado el año aliviado. La AN saliente fue su peor obstáculo para estabilizar el régimen autoritario. Ahora controla más del 90 por ciento de las curules. La designación de Jorge Rodríguez como su presidente muestra que Maduro se ha consolidado como jefe de la coalición chavista. Es quien manda sobre el grupo de civiles y militares que, junto a sus familiares, amigos y socios, son las tribus que gobiernan Venezuela a sus anchas y sin contrapeso institucional. Diosdado Cabello ha quedado como jefe de la bancada en la AN, un rol relevante pero secundario.
Tres estrategias han asomado estos días desde el Parlamento y el Ejecutivo, ahora alineados, para continuar el proceso de consolidación del régimen.
Por una parte, unos discursos oficiales donde se proyecta una deliberada distorsión de la realidad. Haciendo uso de la hegemonía comunicacional que se ejerce en el territorio nacional, y se propaga afuera por medios y gobiernos aliados, Venezuela surge como nación ejemplar y heroica, que hace frecuentes y limpísimas elecciones democráticas, que ha superado conspiraciones y planes de magnicidios orquestados por los enemigos de la revolución: un país cuya política contra el covid es la más exitosa de la región, que tiene niveles de pobreza bajísimos, y está a punto de arrancar hacia una prosperidad económica. Estas falsedades se divulgan por los medios “públicos” transformados en un sofisticado aparato de propaganda del régimen. Para la muestra, dos botones: la entrevista de Maduro concedida a Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, y publicada en el diario La Jornada en México, y su Memoria y Cuenta presentada ante la AN este pasado 12 de enero.
La agudización del hostigamiento a organizaciones civiles independientes es otra línea de acción. Debilitados y fracturados los partidos democráticos, arreció la persecución a la sociedad civil. Amenazas directas de Diosdado Cabello desde el parlamento y su programa “El mazo dando” se han materializado en allanamientos a sedes de ONG de DD.HH., congelación de cuentas bancarias, confiscación de computadoras y equipos periodísticos, detenciones arbitrarias, ataques cibernéticos a portales de información independientes, etc. El allanamiento y congelación de cuentas a la ONG Caracas mi Convive el pasado diciembre, organización dedicada a alimentar niños y familias pobres, el cierre por una semana del diario independiente Panorama de Maracaibo, la confiscación de todos los equipos del canal VPItv, las detenciones a los miembros de la ONG Azul Positivo, las acusaciones de criminales y corruptos a portales informativos como Efecto Cocuyo, El Pitazo y otros, son elocuentes. Son organizaciones que han apoyado a la población en sus necesidades, protegido sus DD.HH., visibilizado y proporcionado información sobre las violaciones de esos derechos ante las instancias internacionales. Maduro y su entorno civil y militar necesitan apagarlas.
El otro objetivo, relacionado con la posverdad que ya señalamos, es ese sinuoso discurso oficial sobre su disposición a establecer un diálogo sincero con oponentes y actores de la sociedad. “Estoy dispuesto a sentarme con quien sea, así tenga que recurrir al agua bendita» ha dicho Rodríguez. Pero, al mismo tiempo, todas las acciones gubernamentales se mueven en dirección contraria.
El año se anuncia complejo. La lucha para alcanzar el cambio democrático necesita replantearse sobre un diagnóstico más realista de fortalezas y debilidades. El derrumbe de los partidos opositores obliga a pensar otros escenarios, donde el rol de gremios, organizaciones sociales, universidades, iglesias y el ciudadano común se va a hacer más central en el futuro inmediato. Urge impulsar redes que comuniquen y fortalezcan los vínculos entre sectores populares, clases medias y empresarios, que vaya dejando atrás la nefasta polarización que hoy actúa como rémora para alcanzar la unidad nacional contra la tiranía. Pensemos en cómo combatir la adversidad con éxitos graduales y sostenidos, creando de abajo hacia arriba un frente nacional por la democracia, incluyente y autónomo.
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