Las cédulas anuladas: doble victimización / Txomin Las Heras Leizaola / La Silla Vacía
La Silla Vacía.-
La decisión de la Registraduría Nacional del Registro Civil de anular casi 43 mil cédulas de ciudadanía a colombianos retornados constituye un acto de doble victimización de un colectivo cuyos padres tuvieron que emigrar desde Colombia a finales del siglo pasado y comienzos del actual. Y ahora algunos de sus hijos, que vuelven a la patria de sus padres, no son tratados de la manera como se debe tratar a ciudadanos nacionales con todos los derechos que los asisten.
Y me refiero a ciudadanos colombianos y no venezolanos como algunos medios de comunicación y destacados columnistas se han referido a ellos, pues como descendientes de colombianos y de acuerdo con las leyes del país, les corresponde plenamente obtener la nacionalidad colombiana. Así lo han hecho decenas de miles de ellos que tuvieron que abandonar Venezuela compelidos por la crisis política, económica y social en ese país.
La doble victimización de esas familias se produce, primero, porque los padres tuvieron que dejar Colombia por causas como el conflicto, la pobreza o la falta de oportunidades y, ahora, sus hijos viven una situación similar, pero en sentido contrario, con el agravante de que la autoridad encargada de su registro civil ha decidido de manera bastante arbitraria e indiscriminada anular a un importante grupo de ellos las cédulas de ciudadanía que en su momento les entregó.
Las consecuencias para los afectados por esta medida tomada por la Registraduría Nacional con el argumento de depurar el registro electoral son pavorosas y van mucho más allá de la pérdida de los derechos políticos, algo muy importante ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Tiene que ver también con la violación de otros derechos como el libre tránsito, toda vez que estos ciudadanos corren el peligro de ser detenidos si les solicitan sus documentos en la calle, en el transporte público o en un aeropuerto, como ya ha ocurrido, o el derecho a la salud, como se pudo ver en un reportaje de la BBC donde entrevistaron a un joven a quien ya le habían negado la continuación de su tratamiento para tratar el VIH.
Centenares o miles de niños y jóvenes pueden quedar desamparados si sus padres pierden sus trabajos y ver en peligro su derecho a la educación, a graduarse o a continuar con sus becas. ¿Qué sucederá con los contratos de diversa índole que estos ciudadanos han celebrado durante todos estos años? ¿Qué pasará con sus cuentas bancarias o los créditos que han solicitado? ¿Podrán seguir al frente de sus empresas y emprendimientos? Al tomar su decisión, la Registraduría Nacional no parece haber considerado su alcance y consecuencias.
No hay discusión sobre el derecho que asiste a esta institución a tomar medidas enérgicas en aquellas situaciones donde la ciudadanía se haya adquirido por métodos fraudulentos o corruptos que no es el caso de la mayoría de las personas a quienes se les ha anulado sus cédulas. La mayor parte de las anulaciones se ha producido por temas que perfectamente se hubieran podido resolver si se hubiese contactado a los ciudadanos afectados y otorgado un plazo razonable para que pudiesen defenderse o presentar documentos faltantes sin llegar a las catastróficas consecuencias que la anulación de sus cédulas conlleva.
Si bien la Registraduría Nacional es una institución autónoma, no debe estar divorciada del resto de la institucionalidad del país y, hoy en día, el Estado colombiano está embarcado en una titánica terea para gestionar el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela del que los retornados colombianos forman parte. Todas las instancias estatales del país y la sociedad en su conjunto deberían remar en la misma dirección.
