¿Queda algo de apertura migratoria en Ecuador para los venezolanos? / Daniella Monroy
La Silla Vacía.- Ecuador ha sido un país clave en Suramérica al marcar la pauta con su perspectiva sobre la migración, incluso antes de que comenzara la diáspora venezolana y se convirtiera en un tema coyuntural para la región. Mauricio Jaramillo, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, nos relata en Encuentro con la Migración (programa de radio del Observatorio de Venezuela) que la década de Rafael Correa al mando de Ecuador representó un hito por la preponderancia que se otorgó a la movilidad humana y la «ciudadanía universal».
La política de puertas abiertas se hizo mundialmente conocida en 2008 cuando Correa eliminó la exigencia de visados para cualquier extranjero que quisiese entrar a Ecuador y permanecer en el país hasta noventa días. Estuvo cimentada en una ley de migraciones que otorgaba una serie de derechos tanto a los extranjeros como a la gran población de nacionales expatriados. También en la Constitución de 2008 se consignó el deber del Estado ecuatoriano de garantizar los derechos de los migrantes -y refugiados, aunque en menor medida- y la no criminalización de las personas con base en su condición migratoria.
Sin embargo, con el paso del tiempo, Correa endureció en algo las medidas frente a la migración imponiendo visados a afganos, somalíes y nigerianos, entre otras nacionalidades. Vicisitudes como el efecto llamado que causaron las medidas para los chinos, quienes de 2007 a 2008 duplicaron su entrada a Ecuador, hicieron que Correa reconsiderara la laxitud en el control del territorio.
Ecuador experimentó la recepción de población cubana y haitiana que se salió de las manos de las autoridades migratorias y cuyo propósito era transitar por Ecuador para seguir al norte hacia Estados Unidos. Entre otras cosas, se generó un clima de xenofobia por la masiva llegada de extranjeros y el consecuente choque con los ecuatorianos. Cubanos y haitianos terminaron por sumarse a las nacionalidades a las que se les exigía visa para entrar a territorio ecuatoriano.
El ascenso de Lenín Moreno a la presidencia de Ecuador en 2017 reversó el discurso que había predicado Correa en materia migratoria en la práctica, aunque la Constitución todavía contenía un discurso de plena apertura de fronteras y libre movilidad de las personas. Las diferencias ideológicas entre Moreno y Correa así lo vaticinaban. Además, la llegada al poder de Moreno coincidió con el inicio del flujo migratorio proveniente de Venezuela en 2015.
Aun con una ley migratoria y una Constitución -ambas recientes- y el historial de lo ocurrido con la recepción de migrantes de todas partes del globo, Ecuador y casi todos los otros países del hemisferio estaban poco preparados para las dimensiones de la emigración venezolana. Por este flujo intempestivo -que en el año de inicio del gobierno de Moreno alcanzó los 237.000 venezolanos- el presidente se inclinó a seguir reforzando los controles migratorios como lo venía haciendo Correa al final de su gobierno. La militarización de la frontera con Perú, que se excusó en la emergencia sanitaria del covid, y la vigilancia de pasos ilegales han sido la cúspide de la perspectiva securitizadora de la migración, primordialmente la irregular.
Para los 443.700 venezolanos que conviven con los ecuatorianos en su territorio el panorama tampoco es amigable. Las expresiones de xenofobia han sido constantes principalmente en las regiones de Ecuador que están más empobrecidas y, evidentemente, en las ciudades cercanas a la frontera con Colombia, como Ibarra y Tumbes. A inicios de 2020, Moreno buscó la aprobación de la Asamblea Nacional para reformar la Ley de Movilidad Humana y lograr que la deportación fuese un trámite administrativo de las autoridades migratorias, sin pedir el beneplácito de un estrado judicial como medida para aumentar la seguridad. La iniciativa surgió después de la deportación de un ciudadano venezolano por el presunto homicidio de una mujer quiteña. Hechos similares y el discurso de Moreno profundizaron la discriminación; tanto que hasta propendió un llamado de atención de las Naciones Unidas.
Por otro lado, la migración venezolana circula por Colombia hacia Ecuador en un contexto de tensa calma entre los Estados. A una relación bilateral marcada por la crisis diplomática ocasionada por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, el acogimiento de miles de colombianos que huían del conflicto armado y las diferencias frente a las aspersiones con glifosato cercanas a la frontera, se une ahora una visión distinta con respecto a la migración: el gobierno de Iván Duque impulsa la regularización masiva a través del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y promueve su imagen de líder regional en el Grupo de Lima, mientras que Ecuador se sume en los controles migratorios. De hecho, Ecuador fue uno de los primeros países en imponer un visado a migrantes que pretendían ingresar por la frontera terrestre colomboecuatoriana.
Posiciones diametralmente opuestas no facilitan la gestión de, por ejemplo, el promedio de 500 venezolanos al día que caminan por la frontera en extrema vulnerabilidad, según la Agencia de Naciones para los Refugiados (Acnur). De acuerdo con Cristina Pancho, quien conoce la migración venezolana de cerca por medio del trabajo de campo de la Fundación Cáritas en Ecuador, el fenómeno de caminantes es uno de los más frecuentes en el país por ser punto de tránsito. Pero también hay migrantes venezolanos con vocación de permanencia que enfrentan trabas de todo tipo para regularizarse. Hace un año se abrió la posibilidad para ellos de acceder a una visa humanitaria que costaba 50 dólares, valor que no corresponde a la capacidad adquisitiva de la mayoría de los venezolanos por sus condiciones socioeconómicas y mucho menos al carácter de refugiados que a una porción de ellos concierne. Las demás visas disponibles en Ecuador cuestan 500 dólares o más y son para perfiles que en general no se asemejan a la realidad de los venezolanos que llegan al país huyendo de la dictadura.
