Bachelet habla por última vez de Venezuela con una lista de pendientes en materia de DDHH / Tal Cual
Tal Cual.-
Este miércoles 29 de junio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en un pleno del Consejo que presidirá hasta agosto, lo que sería su último informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela.
Aseguró que este informe ofrece solo una visión general de los últimos acontecimientos en materia de DDHH en el país, así como una exhaustiva evaluación de las recomendaciones anteriores dadas producto del trabajo de la oficina de la Alta Comisionada que se estableció en el país.
Tres años han pasado desde que Bachelet visitó el país, reconoció que desde entonces la administración de Nicolás Maduro han hecho ver que se han dado avances en las recomendaciones formuladas por la su oficina, poniendo como ejemplo algunas modificaciones en torno a la justicia, la policía y la detención.
Sin embargo, alentó a las autoridades a tomar medidas para promover cambios estructurales y a largo plazo en el país. “Hago un llamado para que las iniciativas legislativas desde un principio estén acompañadas por consultas genuinas e inclusivas con la sociedad civil”, dijo.
Entre las medidas que Bachelet consideró se debía destacar es la “disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”, situación que le atribuye a las recomendaciones hechas en su informe anterior.
El informe atribuye la reestructuración de la PNB a un proceso que inició en abril del 2021 y que continuó durante todo el período del informe, proceso para el que contaron con la asistencia de la oficina de la Alta Comisionada.
Las FAES están señaladas como responsables de un sinfín de muertes en el contexto de operativos de seguridad, incluso, 13 casos documentados por la Alta Comisionada están en este momento siendo investigados, cuatro en etapa de juicio y tres exfuncionarios de las FAES han sido condenados.
Aseguran que esta medida de disolución es “un paso hacia una revisión amplia y significativa de las políticas de seguridad a fin de aplicar las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los derechos humanos, como se recomendó anteriormente”.
Por su parte, durante su discurso Bachelet aclaró que este tipo de reestructuraciones representan “una oportunidad para instalar cambios adicionales y duraderos, como el fortalecimiento de la naturaleza civil de las fuerzas de seguridad y los procesos de investigación de antecedentes a todos lo niveles”.
Además, destacó que durante la elaboración de este informe su oficina documentó menos muertes en el contexto de operaciones de seguridad que en años anteriores, aún así, “una muerte siempre es demasiado”.
“Sin embargo, aunque en menor número la Alta Comisionada documentó seis casos que involucran a las fuerzas de seguridad con un modus operandi similar al anterior en barrios marginados, incluso en Caracas y El Tocuyo, Carora estado Lara, que resultaron en la privación de la vida” reza en informe que destaca cómo el miedo y el trauma desalientan a las familias a denunciar las violencias sufridas, lo que da lugar a que no se registren estos casos.
En al menos tres de los registros de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, el fallecido sufrió presuntas torturas o malos tratos antes de su muerte. “Los relatos indican que estas operaciones se habrían llevado a cabo en pequeños grupos de alrededor de seis elementos de seguridad fuertemente armados, durante los cuales personas residentes, incluidos los familiares de las personas afectadas y menores, habrían sido intimidadas y no se habrían presentado órdenes de registro o arresto”.
Dos de estas muertes son atribuibles a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), una muerte se atribuye al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de las Guardia Nacional y a diversos cuerpos que conforman la PNB.
Caso Fernando Albán
Sobre el caso del concejal de Caracas por el partido Primero Justicia, Fernando Albán, Michelle Bachelet aseguró que dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron condenados por homicidio culposo y beneficiados con reducción de su pena.
Durante este proceso los familiares de la víctima han denunciado que la investigación pasó por alto posibles signos de tortura o malos tratos, y responsabilidades superiores.
Los dos agentes fueron declarados responsables el 3 de diciembre del 2021, señalados por haber incurrido en los delitos de agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada, condenados a cinco años y 10 meses de prisión. La sentencia se redujo a dos años y ocho meses en febrero de este año.
Ante todo esto Bachelet pidió a las autoridades continuar investigando.
Justicia y cárceles
Al hablar sobre el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, la alta comisionada dijo que este “ha estado compartiendo información con mi oficina sobre casos bajo investigación, y en el espíritu actual de cooperación, confío en que pronto se nos concederá acceso a audiencias judiciales y continuaremos el diálogo sobre más casos”.
Según datos suministrados por el Ministerio Público a esta oficina, 249 fiscales fueron investigados por corrupción y cargos relacionados en el 2021, y 27 fueron condenados, lo que representa apenas un 10,8% de todos los investigados.
Durante el periodo que abarca el informe, también se adoptaron medidas legislativas en el Código Orgánico Procesal Penal destinadas a reducir las demoras judiciales. En particular el tiempo asignado al Ministerio Público para concluir las investigaciones y solicitar el inicio de juicios se redujera de ocho a seis meses.
En caso de que se aplace la audiencia preliminar, ahora esta se llevará a cabo dentro de los cinco días, menos que los 20 como anteriormente. Un juicio ahora solo puede ser suspendido una vez por un máximo de 10 días, frente a 15 anteriormente.
Se aprobaron enmiendas para reducir la detención preventiva, incluso, mediante la eliminación de la imposición automática de delitos graves. Como regla general, una medida coercitiva como la prisión preventiva, sigue siendo aplicable solos si está por debajo de la pena mínima de cárcel establecida para un delito determinado, y por un máximo de dos años.
Bachelet lamentó que ahora los miembros de su oficina, que notificó subirán a 16, no puedan ahora visitar las cárceles y centros de detención preventiva, espacios donde se consiguió información fundamental para este informe.
Incluso, mientras pudo, la oficina de la Alta Comisionada realizó 21 visitas a centros de detención, entrevistando de manera confidencia a 259 personas detenidas (46 mujeres) y siguió colaborando con las autoridades en casos de preocupación. De los casos individuales documentados por la Alta Comisionada, 68 personas detenidas fueron puestas en libertad, 38 de ellos sin ningún tipo de condiciones, mientras que las otras fueron puestas en libertad como medida alternativa a la prisión.
“Persisten los desafíos para garantizar el derecho de todas las personas acusadas a la libertad y a un juicio justo sin demoras indebidas”, durante el periodo que abarca el informe, se documentaron 35 casos de violación del derecho a la libertad, incluyendo de seis mujeres. En el momento de redactar al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación aplicable vigente.
Durante el período que abarca el informe, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD, sus siglas en inglés) emitió dictámenes en los que se constataba que 11 personas detenidas se encontraban en detención arbitraria, incluidas al menos ocho en prisión preventiva durante más de tres años en el momento de sus deliberaciones
Es así como con estas declaraciones Bachelet cierra su periodo sobre Venezuela como Alta Comisionada, recordemos que la misma no va a optar a la reelección del cargo, por lo que sus funciones en la oficina cesan el próximo mes de agosto, dejando pasos importantes en el país como la instalación de una oficina y la firma de un memorando de entendimiento.
