El pozo sin fondo de la xenofobia / Txomin Las Heras Leizaola

Una vez más la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha sumergido en el pozo sin fondo de la xenofobia. Se trata de un espacio conocido por algunos políticos o gobernantes que no dudan en recurrir a la salida fácil de buscar un culpable, si es extranjero mucho mejor, para desviar la atención sobre sus propias actuaciones y gestión.

Bogotá, como el resto de Colombia y muchos otros lugares del mundo, vive momentos difíciles por los estragos económicos y sociales que ha dejado la pandemia de la Covid-19. Recesión, desempleo, déficits presupuestarios y protestas son algunas de las consecuencias que han legado estos tiempos pandémicos. En este escenario a nadie debería extrañar que los índices delictivos puedan mostrar un repunte y que la población vea alterada, a peor, las percepciones sobre su seguridad.

Como primera autoridad de Bogotá Claudia López tiene ante sí, por lo tanto, un gran problema que solucionar, entre otros muchos seguramente. Sin entrar a valorar la pertinencia o eficacia de las políticas que haya podido adoptar para devolver la tranquilidad a los bogotanos, pero sí a cuestionar la manipulación e instrumentalización que hace de la migración venezolana para hacerla aparecer como la causa principal de las actividades criminales en la ciudad. La xenofobia puede ser muy popular y Claudia López lo sabe.

La alcaldesa bogotana ha echado mano repetidas veces a estos argumentos en el año y ocho meses que lleva al frente del Palacio de Liévano. Lo hizo en marzo de 2020 cuando le exigió al presidente Iván Duque, en plena primera ola de la pandemia, que se encargara de los migrantes venezolanos. Volvió a utilizarlos en octubre de ese año cuando afirmó que los migrantes “nos están haciendo la vida cuadritos”. Y en marzo de 2021, una vez más, con motivo del asesinato de un policía, relacionó la inseguridad en la capital con la población proveniente de Venezuela. No hay lugar pues para aducir malas interpretaciones o excesos circunstanciales.

Pescar en río revuelto

En esta oportunidad, la cuarta, tras la celebración de un Consejo de Seguridad capitalino el pasado 18 de agosto, Claudia López declaró que se aprestaba a poner en marcha, conjuntamente con Migración Colombia y la Policía Nacional, un Comando Conjunto para combatir específicamente a “estructuras criminales migrantes”.

Diversas estadísticas y estudios indican que la incidencia delictiva entre los venezolanos que residen en Colombia no es mayor a la del resto de la población. Según el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien cita cifras del INPEC, de las casi 100.000 personas que están en prisión en Colombia solo el 2,4% son ciudadanos extranjeros, mientras que apenas el 0,11% del total de venezolanos que viven en el país están privados de la libertad.

El tema de la seguridad ciudadana ocupa un lugar preeminente entre las preocupaciones de los colombianos hoy en día, lo mismo que el rechazo a la migración venezolana. Así lo indica la última encuesta de Invamer de agosto de 2021, que mantiene por encima del 60% el porcentaje de colombianos que están en desacuerdo con que el gobierno acoja a los venezolanos. Relacionar estos dos asuntos utilizando argumentos xenófobos no es sino hacer gala de prácticas populistas que solo buscan pescar en río revuelto. La responsabilidad de la dirigencia política para mantener un clima de convivencia armónica que facilite la integración de quienes han llegado al país es muy grande.

En sus declaraciones del 18 de agosto, Claudia López también se refirió a los avances del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) anunciado el pasado mes de febrero y puesto en marcha por el gobierno nacional desde el 5 de mayo. Manifestó su respaldo a dicha iniciativa, pero equivocadamente resaltó como su principal virtud la ayuda que a su juicio el ETPV podría representar en las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana, donde no dejó de mencionar las deportaciones en una confusa retahíla de fechas y conceptos.

El ETPV busca regularizar a un millón de migrantes venezolanos y ofrecer a casi dos millones un documento que les permita integrarse a la sociedad colombiana a través del trabajo, el estudio y el acceso a la salud, así como a otros servicios. En definitiva, dignificarlos como seres humanos que son y abriles las puertas para que aporten todo su potencial al desarrollo de Colombia. Las consideraciones de seguridad, que también las hay, no están por encima de estos aspectos que acabo de mencionar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó rápidamente y le hizo un llamado de atención a la alcaldesa Claudia López, reprimenda que no es la primera y le pone una mancha a esta curtida política con altas aspiraciones en el escenario colombiano que ha querido construir una imagen de personalidad progresista, defensora de las causas de las minorías y de los más desposeídos. Los migrantes venezolanos no entran, por lo visto, en esta categoría.

*Investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de la asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.