Colombia: Estado y atención migratoria / Daniella Monroy y Ronal Rodríguez

Diálogo Político.-

En los últimos años, 5.636.986 ciudadanos venezolanos se han visto obligados a salir de su país a causa de la emergencia humanitaria compleja y prolongada en que el régimen chavista de Nicolás Maduro ha hundido a Venezuela. El país ha perdido el 17 % de su población, fenómeno de movilidad humana que es considerado por Naciones Unidas el segundo del mundo después del caso sirio, pero que podría ser el primero si se suman entre 500.000 y un millón de colombianos residentes en Venezuela que han retornado a Colombia en el mismo período.

La respuesta del Estado colombiano a la migración venezolana se ha caracterizado por la solidaridad con la población migrante, tanto en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014 / 2014-2018) como durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), pero sobre todo por parte de la sociedad civil y las diferentes organizaciones que venían atendiendo a los desplazados internos producto del conflicto armado, que rápidamente se adaptaron para la atención humanitaria de la población proveniente de Venezuela, colombianos retornados y migrantes venezolanos.

La respuesta institucional inició por la creación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, la TMF, en febrero de 2017, instrumento que trató de responder a la movilidad humana en los 2.219 kilómetros de frontera colombo-venezolana, de ciudadanos que ingresaban periódicamente a territorio colombiano para abastecerse de bienes y servicios. Con el deterioro de la situación en Venezuela, una parte importante del fenómeno que Colombia denominó migración pendular se convirtió en migración con vocación de permanencia y la migración dejo de ser un tema de las áreas de frontera y se trasladó a las grandes ciudades. Hoy Bogotá es la ciudad fuera de Venezuela que más ciudadanos venezolanos alberga en el mundo, unos 340.711 según Migración Colombia.

En agosto de 2017, el entonces gobierno de Santos creó el Permiso Especial de Permanencia, el PEP, con el cual se busca regular la estancia de los venezolanos que ingresaron legalmente a territorio colombiano pero que sobrepasaron los tiempos. Un documento que les permitía permanecer regularmente en Colombia por dos años, bajo la premisa de que, ante la caída de Maduro, pronto los venezolanos regresarían a su país.

En febrero del año siguiente, y antes de dejar la presidencia, Juan Manuel Santos creó el Registro Administrativo de la Migración Venezolana, el RAMV, que buscaba regularizar a los ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente al territorio colombiano. Más de 400.000 ciudadanos se registraron y, de ellos, 281.759 finalizaron el proceso y obtuvieron el PEP-RAMV.

Con la llegada de Iván Duque se presenta el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 3950, primer documento de política pública que hacía un diagnóstico de la evolución del fenómeno migratorio y propone rutas de acción, especialmente en la atención de niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad humana. En agosto de 2019, el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo presentó el proyecto de ley 36 del Senado, por medio del cual se buscaba establecer la política integral migratoria del Estado colombiano. Después de tres años de trámite legislativo, se convertirá en ley de la República como Política Integral Migratoria, la PIM.

Otro instrumento paralelo que se creó en diciembre de 2018 es el Permiso de Ingreso y Permanencia por Tránsito Temporal, el PIP-TT, que busca facilitar el tránsito de los venezolanos en dirección a los países del sur del continente. Entre 2016 y 2020, unos 2.559.867 venezolanos cruzaron Colombia con destino a terceros países.

Hoy la población migrante venezolana representa el 3,42 % de la población colombiana, el 4,07 % en la capital Bogotá, el 7,87 % en la ciudad costera de Barranquilla, pero el 13,94 % en la principal ciudad de frontera, Cúcuta, o incluso, el 30,59 % de la población en Maicao, pequeña ciudad del área de frontera en el departamento de La Guajira.

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos en Colombia, el ETPV, es un decreto presidencial con el cual el gobierno establece una ruta de regularización de la población venezolana en condición de movilidad humana por los próximos diez años, y crea un camino para la residencia de aquellos ciudadanos venezolanos en territorio colombiano antes del 31 de enero de 2021, así como para aquellos que ingresen por punto migratorio de manera legal en los próximos dos años.

El ETPV reconoce que el fenómeno migratorio venezolano no es de corto plazo, por ello, se plantea una ruta de mediano plazo para la integración e inclusión migratoria en territorio colombiano. Dicha ruta comienza con la identificación, caracterización y regularización de los venezolanos, proceso que inició el pasado 5 de mayo con el Registro Único de Migrantes Venezolanos, el RUMV. En su primera fase virtual, al día 47 (20 de junio de 2021) 1.012.875 ciudadanos ya han interactuado con la plataforma creando su usuario y contraseña; de ellos, el 64 % la han finalizado con el agendamiento de su cita para realizar el reconocimiento biométrico: firma, huella y fotografía, siguiente fase del proceso.

Finalmente, es importante destacar que el proceso del ETPV en su primer mes y medio ha permitido caracterizar al 47,62 % de la población migrante, y aunque se estima un alto subregistro, es la primera vez que el Estado colombiano tiene tanta información para el diseño de política pública que permita la integración e inclusión de los venezolanos en la sociedad colombiana.

(*) Este artículo es parte de la «Bitácora Migratoria», implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), un proyecto del Observatorio de Venezuela (OV) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos (FEIPU) de la Universidad del Rosario (UR) y la Fundación Konrad Adenauer Colombia (KAS) que busca acompañar y monitorear la implementación del ETPV, como instrumento de política pública diseñado por el gobierno nacional para la identificación, caracterización y regularización de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela en Colombia. Así como socializar los hallazgos y resultados del proceso de seguimiento con las autoridades y responsables nacionales y locales de diez ciudades y municipios priorizados, y con el público en general.

https://dialogopolitico.org/agenda/colombia-estado-y-atencion-migratoria/